El 24 de febrero del año en curso el Presidente Enrique Peña Nieto remitió al órgano legislativo una iniciativa de Decreto que sugería reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que grosso modo son:
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Permitir a los servidores públicos extranjeros de migración, aduanas o agentes de seguridad de jefes de Estado o ministros portar en el país revólveres o pistolas semiautomáticas cuyo calibre no sea superior a .40 o equivalente; y en casos extraordinarios, se faculta a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) la discrecionalidad para resolver y otorgar licencias en ambos casos.
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Instrumentar procesos de Pre-inspección Aduanera, en un marco de cooperación bilateral, bajo el principio de reciprocidad internacional como parte del Plan Estratégico Aduanero Bilateral que se tiene con EUA.
Resulta peculiar la argumentación realizada por el ejecutivo federal para legitimar su iniciativa mencionando:
Se propone establecer la regulación adecuada para las visitas de jefes de estado y de gobierno, ministros y otros altos funcionarios de otros países, para su adecuada protección, lo cual fortalecerá las relaciones diplomáticas y comerciales con dichos países…Si bien este tipo de esquemas pueden ser de gran beneficio para nuestras relaciones comerciales con otros países, con Estados Unidos de América son indispensables…
El impulso neoliberal de la actual administración en México hace necesaria una nueva instrumentación en materia de seguridad. Las nuevas inversiones y flujos de mercancías entre ambos países requieren iniciativas como la presente, pero no debemos olvidar el contexto actual de asesinatos de personas afrodescendientes y de origen latino en manos de policías en EUA que pueden desatar un infierno mayor que el que se vive actualmente en gran parte de México.
La iniciativa fue aprobada en el Congreso sin mayor cambio y el sábado 22 de mayo entró en vigor.
Por: Hugo Hernández Carreón