A comienzos del mes de junio, una comunidad de 60 familias, residente en un predio de tres manzanas en la finca “El Espino”, estuvo a punto de ser forzada a abandonar sus hogares por una orden judicial, como resultado de una demanda promovida por los Dueñas, representantes de la oligarquía terrateniente, que por tantos años ha dominado a la sociedad salvadoreña, y ahora pretenden realizar un megaproyecto habitacional, para seguir agravando la deforestación de esta antigua finca que fue conocida como “El pulmón de San Salvador”.A pesar que los miembros de la comunidad de “El Espino” han vivido y trabajado por más de dos décadas en el lugar, los abogados de la familia Dueñas han logrado desarrollar un proceso judicial “express” en aplicación de la “Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles”.
Esta injusta norma, aprobada por los partidos de derecha en 2009, ha servido como instrumento de los grupos de poder económico para desalojar a comunidades populares en zonas rurales y urbanas, bajo el pretexto que son “usurpadores”, sin darles la mínima ocasión de defenderse legalmente. No cabe duda que dicha ley constituye un ejemplo más de aquellas normativas que “sólo muerden al descalzo” como dijo Monseñor Romero.
Aunque un recurso de amparo, ha detenido por ahora el desalojo de la comunidad; en el horizonte, sigue existiendo un elevado riesgo que puedan perder sus hogares, como muchas otras comunidades en el país. Ellos no son “invasores”, sino personas con derecho a una vivienda digna y acceso a la tierra. Por eso, la lucha popular debe proseguir por todos los medios posibles, para garantizar que esta comunidad no sufra un desalojo injusto, a la vez, exigir la inmediata derogación de esa ley injusta, para evitar que continúe siendo empleada contra los sectores populares.
Por Jorge Villalta