Analizando nuestro modelo económico luego de ver los resultados del extractivismo por parte del capital extranjero, nos ha quedado claro que este modelo busca profundizar el carácter concentrante y excluyente aplicando medidas legales destinadas a optimizar la explotación de los recursos naturales dejando desposeídos a todo un conjunto de sectores sociales del país, sin importar las consecuencias a nuestro ambiente.
Desde el 2001, con el Plan Puebla-Panamá (PPP) donde quedamos sujetos a una política energética de exportación para suplir las necesidades de otros países fuera de Panamá, en especial a los del norte. Esta política se ha convertido en un verdadero problema porque no solamente es de acumulación por desposesión, sino que también desplaza a la población destruyendo los elementos culturales considerados sagrados para muchos de nuestros pueblos.
La lógica capitalista plantea que nuestro crecimiento económico ha sido a través de los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y la incursión en el sector minero exhorta a seguir apostando por la explotación de nuestros recursos sin tomar en cuenta que cada día tenemos más pueblos enfrentados y movilizados en defensa de su territorio, costumbre y sus recursos naturales.
A pesar que nuestro ambiente no tiene más capacidad de carga para proyectos de “mecanismo de desarrollo limpio”, el Ministerio de Ambiente, continua aprobando proyectos hidroeléctricos y la secretaria de energía sigue promoviendo la inversión en este sector y poco a poco se ha ido convirtiendo en política de Estado. Mientras que nuestros gobierno obsequia el país al sector privado se encuentran miles de personas preocupadas por su futuro y sobre todo por la supervivencia humana ya que la mayoría de estos proyectos no toman en cuenta los impacto que esta actividad genera en nuestro ecosistema.
Actualmente en Panamá, tenemos conflictos socio-ambientales distribuidos en toda la geografía nacional, en especial todo el occidente del país ya que es ahí donde iniciaron los primeros proyectos hidroeléctricos generando enfrentamientos entre la sociedad civil y la fuerza del orden público; estos enfrentamientos terminaron en represión dejando un saldo de heridos y personas fallecidas. Ha quedado muy clara la verdadera naturaleza de este sistema de acumulación por desposesión.
El presidente Juan Carlos Varela, inicia su periodo en julio del 2014 promoviendo durante su campaña para llegar a ser electo la protección del ambiente y recientemente transformó la Autoridad Nacional del Ambiente(ANAM) a Ministerio de Ambiente, pero esto no significa nada ya que la secretaría nacional de energía sigue marcando las pautas para que continué la misma política energética y la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) sigue otorgando concesiones de uso de agua para los proyectos hidroeléctricos lo cual nos indica que la agenda neoliberal se mantiene y seguirá apostando por la explotación de los recursos sin importarles las consecuencias ambientales.
Con el protocolo de Kioto y el intento de reducir las emisiones de dióxido de carbono las potencias mundiales se acogieron a la compra de bonos de carbono y las Naciones Unidas inicia a promocionar los famosos “mecanismos de desarrollo limpio” (MDL) y en Panamá se le han otorgado este premio al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco sobre un zonas indígena.
El proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, se considera un proyecto de interés nacional aportando 28.56 MW, con un espejo de agua de 258 hectáreas afectando directamente a 3 comunidades de la etnia Ngäbe Bugle. Un total de 6 hectáreas van ser inundadas violando la carta orgánica de la comarca donde establece que los territorios comarcales son de uso colectivo y no se permite la venta, ni la transferencia del territorio. Además se afectará directamente a un conjunto de petroglifos ubicados en le ribera del río Tabasará, y sitios arqueológicos de alto valor cultural para las población originaria que ocupa esta región.
La lucha del pueblo Ngäbe Bugle por detener los proyectos hidroeléctricos y mineros han arrojado una cantidad de heridos y mártires producto de los enfrentamientos contra los agentes del orden público. Actualmente esta etnia se encuentra movilizada en la espera de la cancelación definitiva del proyecto ya que han luchado más de 8 años usando toda forma de lucha y recientemente agotaron una mesa de diálogo que duró más de 3 meses de sesiones permanentes. El pueblo se siente burlado luego de demostrar con evidencias científicas y legales que la empresa Generadora del Istmo S. A, incumplió con todos los requerimientos.
¿Qué va pasar en Barro Blanco? no lo sabemos, pero el pueblo ha manifestado que unirán sus puños para pelear contra el gobierno neoliberal de Juan Carlos Varela y no darán descanso a su cuerpo hasta no ver la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.
Por: Jonathan González Quiel
Reblogueó esto en Movimiento Victoriano Lorenzoy comentado:
Es importante conocer el espíritu del sistema capitalista y este escrito refleja algunas realidades que atraviesa nuestro país.