En Colombia el conflicto armado así como su solución política y la construcción de paz, están estrechamente vinculados a la situación de la propiedad de la tierra y al desarrollo rural. A pesar de la expedición de una profusa normatividad dirigida al desarrollo de la función social y ecológica de la propiedad, así como normas de reforma agraria y restitución de tierras, en la práctica estas no han tenido una aplicación efectiva. La legislación agraria en Colombia es una amalgama de intereses de fuerzas políticas y sociales, en la cual se evidencia la pugna entre los sectores terratenientes tradicionales que buscan el mantenimiento del estatus quo.
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Por un lado, el empresariado que pretende la eliminación de las barreras que bloquean el desarrollo capitalista en el campo, y por otro lado, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que luchan por el reconocimiento y defensa de sus derechos territoriales, reivindican otras formas de relacionamiento con la tierra, la pervivencia de sus prácticas sociales, culturales y ancestrales, en contraposición a la articulación de sus territorios al mercado de tierras. Se evidencia una correlación de fuerzas entre estos sectores como trasfondo político que origina las leyes agrarias, a la par que se reconoce cómo históricamente las dificultades de acceso a la tierra en la ruralidad colombiana se encuentran vinculadas a la expansión funcional del latifundio para la protección de los intereses de grupos dominantes
El presente documento recoge los principales aspectos de la normatividad vigente relacionada con el acceso a tierras y desarrollo rural en Colombia y se divide en cinco partes: (i) las normas constitucionales sobre derechos de propiedad y acceso a la tierra para campesinos, indígenas y afro descendientes; (ii) la normativa reglamentaria sobre cada uno de los mecanismos existentes para promover el acceso a la tierra y la formalización de los derechos de propiedad (se mencionan la prescripción adquisitiva de dominio, la adjudicación de baldíos, los procedimientos agrarios especiales, las Zonas de Reserva Campesina, entre otros); (iii) los mecanismos de acceso a tierras para el desarrollo de proyectos agroindustriales sobre las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zonas de interés Nacional de Desarrollo Rural Económico y Social; (iv) los mecanismos de reversión en cuanto a la recuperación de tierras baldías indebidamente ocupadas y los mecanismos que establece la Ley 1448 de 2011 para la reversión del despojo ocasionado con ocasión o en el contexto del conflicto armado; y (v) la agenda legislativa pendiente en temas de tierras y desarrollo rural donde se encuentra lo concerniente al desarrollo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en lo relacionado con el punto uno de la agenda de negociación, esto es, la Reforma Rural Integral y los principales proyectos que se encuentran en trámite en el Congreso de la República.
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