Por: Jens Benöhr Riveros y Tomás González Astorga
Chile es una tierra de ríos. A lo largo de su accidentada geografía, los glaciares y la lluvia alimentan innumerables esteros, que luego convergen en riachuelos y finalmente conforman los grandes ríos que serpentean desde la cordillera hasta la costa del Pacífico. Debido a lo angosto del territorio y a lo abrupto del relieve, estos ríos suelen ser de corto recorrido, pero muy torrentosos. Para muchos, esta condición representa un potencial energético que, sin duda, debe ser aprovechado. Les será familiar la vieja frase “el agua de los ríos se pierde en el mar”. Es bajo esta concepción que desde hace décadas se ha implementado una política energética fundamentada en el uso de la hidroelectricidad como principal fuente generadora alternativa a los hidrocarburos. Sin embargo, tanto para el pueblo mapuche, quienes ven en los ríos el hogar de espíritus y criaturas vitales para la continuidad de la vida, como para quienes nos declaramos arraigados a nuestra tierra, esta política energética somete la identidad cultural y la estabilidad ecosistémica de una gran parte de Chile, principalmente de la zona centro sur y la Patagonia.
Actualmente en Chile existen decenas de mega embalses y centrales de pasada funcionando en las cuencas del país, principalmente la zona central. La primera central fue construida en la década de los 40, luego vinieron más en los años 50, 60 y 70. La motivación detrás de estos proyectos era alimentar las incipientes industrias chilenas, además de proporcionar electricidad para el consumo de las ciudades. El entusiasmo en su construcción fue común a gobiernos liberales y socialistas, pues ambas corrientes se plantearon afines a la ideología del progreso y han sido incapaces de reconocer los límites de los recursos naturales. Luego, el año 1973 fue realizado el golpe de Estado que alzó al poder al general Augusto Pinochet, quien asesorado por un grupo de economistas chilenos adoctrinados en la Universidad de Chicago, se dedicaron a establecer medidas legales que liberalizaron la economía chilena. Empresas estatales fueron privatizadas y a empresarios simpatizantes de la dictadura se les entregaron todas las garantías para realizar sus negocios sin problemas, de hecho, comenzaron a ser subsidiados por el Estado. En los años 90, tras el retorno a la democracia se produjo una explosión de proyectos hidroeléctricos. Los más icónicos de este periodo fueron Pangue y Ralco, propiedad de la empresa Endesa y construidos en territorio pewenche. A pesar de la prolongada resistencia chilena y pewenche que se opuso a estos proyectos, su construcción no pudo ser evitada, pero sí marcó un hito en la resistencia organizada en contra proyectos extractivistas en el cono sur de América
Actualmente y a pesar de la desaprobación ciudadana, existen varios proyectos en construcción y otros tantos en evaluación por un aparato fiscalizador pobre en recursos y medidas. Entre los proyectos más grandes y conocidos están los mega embalses Alto Maipo, Achibueno, Hidroñuble, Punilla, San Pedro y Cuervo, algunos ya en construcción. Estos proyectos suelen estar en las partes más altas de las cuencas, donde los ríos fluyen torrentosos y hermosos, lugares habitados por pequeñas comunidades campesinas o pueblos que viven de la agricultura y el turismo. Esta es una característica de casi todos los proyectos que se emplazan en lugares de poca población y lejana a las grandes urbes, por lo cual los movimientos sociales tienen que realizar un gran trabajo de sensibilización para las comunidades urbanas, muchas veces no conocedoras de lo que sucede fuera de los límites del asfalto. Desde el punto de vista social, la ejecución de estas centrales atenta contra la preservación del patrimonio cultural. Además, su ejecución conlleva traumáticas relocalizaciones de personas, una compensación injusta por los bienes perdidos, la creación de nuevas comunidades, viéndose la salud y el bienestar de las poblaciones afectadas tanto aguas arriba como aguas abajo. También se ve comprometida la supervivencia económica y el desarrollo de estas poblaciones a largo plazo. Básicamente, se genera una irreversible destrucción del tejido social y los ecosistemas únicos de esos lugares.
¿Cómo llegamos a esto? (1)
La Constitución chilena de 1980, creada en dictadura y a pesar de ello aún vigente, en su artículo 19 N° 24, consagra como propiedad privada diversas concesiones, entre ellas las que dan acceso al uso del agua. De esta manera el vital recurso es mercantilizado y son creados los famosos “derechos de agua”, calificado por expertos como una de las medidas más neoliberales del mundo. Luego, en 1981 es emitido el Código de Aguas, donde contradictoriamente se define las aguas de ríos y lagos chilenos como “bienes nacionales de uso público”. Sin embargo, la que rige, por su mayor rango jurídico, es la Constitución que entrega las aguas a las fuerzas del mercado y a las empresas privadas que lucran con su uso. En la práctica, estas medidas propiciaron la captura corporativa de las aguas, ríos y cuencas de nuestro país. Los derechos de agua fueron apropiados por privados, gratuitamente y a perpetuidad, sin justificar el uso, separando aguas de tierras. Otra medida nefasta para los bienes comunes fue la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL 1 de Minería de 1982, la cual garantiza altas rentabilidades a las empresas eléctricas privadas. El Código Minero de 1983 también liberaliza y hace que el negocio minero sea tan atractivo como lucrativo, y permite la captura corporativa del subsuelo de nuestro país. Estos cuatro cuerpos legales fueron promulgados en plena dictadura y constituyen una suerte de ‘cuadrángulo’ fundacional del nuevo entramado constitucional y jurídico que se le impuso al país durante este período. Leyes y normativas posteriores, que adolecen de la misma orientación mercantilista neoliberal, permitieron que el libre mercado metabolizara otros sectores claves del quehacer nacional, tales como los servicios de educación y salud. Se dice que estos cuerpos legales desregulan los sectores mencionados. La verdad es que los regulan en forma extraordinariamente precisa para la captura corporativa (Orrego, 2014).
Actualmente, producto de esta ola privatizadora y su consiguiente mar de proyectos hidroeléctricos, en diversas cuencas del país se han levantado voces opositoras a los megaproyectos que amenazan con destruir lo poco y nada que nos queda en la zona central del país. Grupos civiles, por los derechos humanos, de la naturaleza, o grupos indígenas, han convergido en la defensa de los ríos para enfatizar el rechazo al modelo extractivista imperante en el país. En este sentido, han surgido estrategias comunicacionales para enfrentarse a estos mega proyectos, apoyados por el estado e inversionistas quienes poseen un gran poder político. Los movimientos y agrupaciones han comprendido que a través de marchas, propaganda y difusión se pueden encarecer los proyectos, al mismo tiempo que se ingresan recursos legales para paralizar las obras. Hay que reconocer el trabajo de Patagonia Sin Represas, No Alto Maipo, Ñuble Libre y otros movimientos por los ríos libres. Y sorprendemente, funciona. El proyecto Alto Maipo apenas ha avanzado en los últimos meses, debido a problemas técnicos en la ejecución, así como el costo social que tienen que pagar en abogados, periodistas y lavado de imagen constante. Otro gran logro es el de Patagonia Sin Represas, que logró frenar a HydroAisen, proyecto de Endesa y Colbún. Sin embargo, sabemos que no basta con negar la construcción de estos embalses, pues son la punta del iceberg de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción de recursos: el libre mercado de cualquier cosa, incluso derechos humanos como la salud y la educación, y la continua búsqueda de maximizar ganancias a costa de la explotación del otro: ese otro puede ser mujer u hombre de otra etnia o clase, o también otra especie u otro elemento de la tierra, como ríos, mares y bosques. En este sentido, creemos enriquecedor conocer y dialogar con las representaciones indígenas, quienes plantean un desarrollo a escala local, con soberanías locales respetuosas con otras especies no humanas y los ecosistemas que sustentan la vida actual y para futuras generaciones. Esta idea se corresponde con el “buen vivir”, base de los pueblos andinos y de otros pueblos del continente, que algunos países como Ecuador o Bolivia ya han señalado como pilar fundamental de sus constituciones. Al respecto, creemos que una alternativa al desarrollo, y no un desarrollo alternativo es una posible respuesta (Gudynas & Acosta, 2011).
Bibliografía:
(1) Relato basado en el libro Orrego, J. (2014). Entropía del Capitalismo. Ediciones y Publicaciones El Buen Aire: Santiago.
Gudynas, E. y Acosta, A. (2011). El buen vivir o la disolución de la idea del progreso. En: Rojas, M. (Ed.). La medición del progreso y el bienestar. Propuestas desde América Latina (103-110). México DF: Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México.
Romero, H. (2014). Ecología política y represas: elementos para el análisis del Proyecto HidroAysén en la Patagonia chilena. Rev. geogr. Norte Gd., 57.
Sara Larraín, « El agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del mercado », Polis [En línea], 14 | 2006, Publicado el 11 agosto 2012, consultado el 20 marzo 2017. URL : http://polis.revues.org/5091