Desplazamiento forzado en México, el caso de Los Altos de Chiapas

Articulo, Extractivismo-Megaproyectos

Por Ana Lilia Félix Pichardo

No hay exactitud en los datos sobre el número real de personas que han sido obligadas a salir de sus hogares y pueblos a causa de la violencia en sus diversas modalidades y matices. Según datos del International Displacement Monitoring Center, hasta el 2018 se registraban 338,000 casos de personas en situación de desplazamiento forzado interno, siendo 11,000 suscitados entre enero y diciembre de ese año y el resto eran casos no solucionados, acumulados de años recientes. Las causas de estos movimientos de población forzados son diversos, pero desde el 2006 es muy claro que la causa fue la mal llamada guerra contra las drogas. La presencia de los cárteles del narcotráfico, así como de las fuerzas armadas en diversas zonas del país y la guerra por el control de las vías de transporte de estupefacientes, personas y otros negocios, ha provocado que pueblos enteros sean desaparecidos o, en el mejor de los casos dado el contexto, desplazados a otras zonas y regiones. Sin embargo, también existen otras causas previas a este período que, aunado a las políticas neoliberales del narcoestado, han provocado nuevos desplazamientos de personas en búsqueda de su sobrevivencia personal y colectiva.

En la siguiente gráfica se puede observar cómo la delincuencia organizada y la guerra entre cárteles es la principal causa de desplazamiento en México, seguida por otras causas y conflictos agrarios. Sobre este último caso, a veces las causas no son excluyentes entre sí, sino que un conflicto de carácter agrario-comunitario puede tornarse mucho más violento dada la ruptura de antiguas formas de convivencia, a raíz de que la cultura y negocio del narcotráfico ha incorporado a muchas capas de la sociedad.

En un mapeo geográfico sobre la distribución del mayor número de conflictos causantes de desplazamientos, los estados con mayor número de casos son Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Chihuahua, entre otros. La causa principal es la guerra del narcotráfico, puesto que salta a la vista que los estados mencionados han vivido recientemente los episodios más sangrientos de la presencia y control territorial de los cárteles e igualmente de las fuerzas armadas como el ejército y la marina, quienes han encabezado las violaciones a los derechos humanos en el país. Cada región y estado, sin embargo, guarda peculiaridades que no abordaremos en esta ocasión. Uno de esos casos con circunstancias muy particulares es Chiapas, en donde se vivió un desplazamiento masivo en 2018 de más de dos mil personas de origen tzotzil en la zona de Los Altos. En la siguiente imagen, realizada por el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se aprecia que Guerrero encabeza las cifras de desplazamientos con 5,056, pero Chiapas le sigue muy cerca con 5,035 personas desplazadas.

Chiapas, caso particular

El desplazamiento forzado en la región de Los Altos en el estado de Chiapas debe observarse bajo elementos coyunturales e históricos propios de la región y de los municipios que recientemente han protagonizado los éxodos más masivos de personas. Tendríamos que remontarnos a la ofensiva militar y los planes estatales para socavar la rebelión indígena zapatista de 1994. En ese año 30 mil efectivos del ejército mexicano fueron distribuidos en 4 municipios de la región como plan estatal de contención de los rebeldes. Comenzaba a ejecutarse el plan de campaña “Chiapas 1994”, cuyas estrategias castrenses no sólo incluían la confrontación directa con elementos de las fuerzas armadas del Estado, sino que, como es posible revisar en los manuales de guerra irregular, el propósito de este plan contrainsurgente también buscaba el adiestramiento y financiación de grupos civiles que pudieran colaborar con la división y exterminio del grupo insurgente:

“El plan de campaña prueba que mientras el gobierno mexicano simulaba entrar en un diálogo con los mayas zapatistas, los militares desplegaban la fracasada estrategia de aniquilamiento que Zedillo ordenó el 9 de febrero de 1995.” Gilberto López y Rivas

Diversos grupos paramilitares fueron surgiendo desde 1994, a la par que las bases militares también aumentaban en territorio chiapaneco. La estrategia del plan “Chiapas…” también ha consistido en implementar programas sociales exclusivos para las zonas de influencia zapatista como mecanismo de división y control, pero lo más importante y efectivo para la estrategia de guerra contrainsurgente ha sido la fuerte presencia de grupos armados, algunos de los cuales han adquirido fama por sangrientas masacres como la de Acteal en 1997. Como se puede ver en el siguiente mapa, el paramilitarismo fue en aumento como una estrategia del Estado mexicano para la región; en 1994 nacieron dos grupos paramilitares y para 1999 ya eran aproximadamente 30 grupos que operaban.

Los diversos grupos paramilitares han sido armados, financiados y protegidos por los tres niveles de gobierno, cuyos representantes han sido también de diferentes partidos políticos. A nivel municipal, en zonas como la de Los Altos, los presidentes municipales hacen parte de estos grupos y se confrontan entre sí para seguir controlando los recursos de las alcaldías, mantener la impunidad y control de tierras ejidales. Colocaremos una línea del tiempo de los principales acontecimientos que permiten dilucidar la estrecha relación entre el paramilitarismo y los desplazamientos forzados.

  • 2 Grupos Paramilitares surgen en 1994
  • 1995 nace “Paz y Justicia” grupo paramilitar que opera en la zona norte.
  • 1997 masacre de Acteal (“máscara roja”)
  • 1998 209 puntos de control 70 mil efectivos del ejército mexicano.
  • Al 2001 más de 30mildesplazados.
  • 1999 de 22 a 30 grupos paramilitares activos.
  • 1999 Ley de Amnistía para el desarme de los grupos civiles en Chiapas.
  • 1998 Masacre en Unión Progreso, zona Altos.
  • Masacre en Viejo Velasco Suarez 2006.
  • Sólo en la zona de Los Altos en 2006 12mil desplazados.
  • Guerra de baja intensidad contra BAZ y simpatizantes.
  • 2014 CIOAC-H irrumpe en territorio zapatista y masacra a maestro zapatista Galeano.
  • 2018 más más de dos mil desplazados en la zona Altos, afectados municipios de Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama.

Entre los municipios de Chalchiuitán y Chenalhó existe un conflicto agrario que data desde 1935. En momentos distintos, varios gobiernos han beneficiado a uno u otro municipio en la delimitación de tierras, lo cual ha provocado permanentes enfrentamientos y divisiones. En el contexto posterior a 1994, en que grupos de civiles afines a partidos políticos en el poder son financiados como brazo armado de los planes contrainsurgentes en la región, este tipo de conflictos se agudizan a niveles de violencia muy graves. En 2018, nuevamente el conflicto escaló provocando un éxodo masivo de familias de Chalchihitán y Aldama, quienes huyeron dejaron sus casas y pertenencias por miedo a ser asesinados por las noches por el grupo paramilitar de Chenalhó.

El centro de derechos humanos Fray Bartomolé de Las Casas (FrayBa) ha documentado la serie de desplazamientos a causa de la violencia paramilitar, así como las fuertes carencias y miedo que viven los desplazados en los campamentos. Sin embargo, los vínculos de los presidentes municipales con autoridades de más alto nivel, así como la protección y financiamiento de los grupos paramilitares desde cúpulas del poder estatal ha impedido que se detengan los desplazamientos. Se cree que este grupo paramilitar de Chenalhó, reactivado por la presidenta municipal del Partido Verde Ecologista de México, Rosa Pérez Pérez, es heredero de aquel que ejecutó la masacre en Acteal y cuyos perpetradores fueron amnistiados o jamás procesados.

En días recientes de este 2020, el FrayBa reportó que desde Chenalhó se han emitido disparos de grueso calibre en dirección a las comunidades aledañas pertenecientes al municipio de Aldama, donde hay también casas y campamentos de población desplazada:

“Esta situación de violencia crea un ambiente de terror a la población de estas comunidades, así como en otras ubicadas en los límites de Aldama y Chenalhó. La contingencia nacional por el COVID- 19, aumenta el riesgo en el que se encuentran, en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de desplazamiento forzado constante, quienes se refugian en las montañas ante los reiterados ataques.” (FrayBa)

Recapitulando

Los grupos paramilitares en el estado de Chiapas fueron impulsados por los mismos intereses políticos y económicos que pretendían exterminar al EZLN. Con el apoyo de ganaderos y empresarios locales, el plan militar de campaña “Chiapas 1994” financió y entrenó a grupos de civiles con la intención de enrarecer la zona de conflicto y desintegrar la insurgencia indígena. Cuando se establecieron los diálogos en San Andrés entre representantes del Estado, la sociedad civil y los zapatistas, la labor de los paramilitares fue seguir aterrorizando a las comunidades que se mantenían afines al EZLN de manera pacífica e incluso a aquellas que nada tenían que ver en el conflicto. Con la llamada traición de febrero en 1995, en que el gobierno federal fingiendo diálogo con los rebeldes incursiona militarmente en varias poblaciones indígenas causando detenciones, torturas, destrucción de hogares; la guerra de baja intensidad en Chiapas ha sido permanente y la adjetivación de “baja” es un eufemismo de la jerga castrense, ya que las pérdidas humanas, los desplazamientos y pérdidas materiales han sido de muy alto costo.

Los desplazados internos en el estado chiapaneco no han logrado regresar a la normalidad, ya que las zonas temporales de refugio para la creación de campamentos se han convertido en nuevas zonas habitacionales, aunque con muchas carencias y nuevos conflictos. El miedo experimentado por pobladores víctima de los militares y paramilitares los ha llevado a dejar sus hogares ante los primeros visos de violencia, en las noches las detonaciones son suficientes para aterrorizar a comunidades enteras. Las amenazas, los asesinatos, las mujeres y niñas violadas, los hogares quemados, las pertenencias robadas, son las prácticas comunes entre estos grupos que actúan en complacencia de un Estado que mantiene fuertes vínculos con estos y otros grupos para el interés del reordenamiento territorial.

Fuera de las justificaciones racistas que emergen desde la oficialidad para explicar los conflictos entre comunidades, como el hecho de minimizar y despreciar las masacres al describirlas como “conflictos tribales internos”; los fuertes conflictos entre grupos paramilitares o de grupos paramilitares contra poblaciones aledañas hace parte de una estrategia estatal de control territorial. No es fortuito que, en las zonas con mayor presencia paramilitar, existan recursos naturales de gran importancia para los sectores económicos más fuertes que operan en el país. El saqueo de madera, agua y minerales es un fenómeno cotidiano en la región de Los Altos, donde la disputa por el territorio es también una disputa económica y política profunda. No operan los grupos paramilitares por cuenta propia, sino que se articula una alianza eficaz para el saqueo de recursos en la región, donde este tipo de grupos que en su momento funcionaron como guardias blancas, en favor de los intereses de rancheros y hacendados, ahora representan el brazo armado del capital extranjero instalado en Chiapas y otras zonas del país.

Bibliografía:

 

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