La masacre del 9 y 10 de septiembre: brutalidad policial como ejercicio de gobierno
En memoria de Javier Ordoñez, Lorwuan Estiwen Mendoza Aya, Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Cristhian Andrés Hurtado Menece, Marcela Zuñiga, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Julieth Ramírez Meza, Germán Smyth Puentes, Julián Mauricio González, Cristian Camilo Hernández Yara, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero Rojas y Eidier Jesús Arias
Colombia lucha por salir de la pesadilla de la guerra. La firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla FARC-EP en 2016 representa uno de los mayores anhelos de paz del pueblo colombiano. Sin embargo, el Centro Democrático, partido en el poder desde 2018, prometió en campaña “hacer trizas los acuerdos” y lo está cumpliendo. El desgobierno de Iván Duque, marcado por escándalos frente a la actuación de las fuerzas militares que pasan por la reedición del adoctrinamiento para combatir el enemigo interno y llegan a episodios de violencia sexual y operaciones con bombardeos que dejan víctimas civiles, incluidos menores de edad; ha sumido al país nuevamente en el dolor y la muerte.
El 9 de septiembre, y los días que le siguieron, ocurrieron en Bogotá, capital del país, los hechos de represión policial más graves de las últimas décadas. Todo empezó en la madrugada de aquel día, cuando agentes de la Policía Metropolitana asesinaron con sevicia a Javier Ordoñez, estudiante de derecho y conductor de taxi. El hecho generó un repudio generalizado. Un video que circuló ampliamente, donde se ve a los policías “reducirlo” en plena vía pública, mientras lo asfixiaban y le aplicaban descargas eléctricas con un arma Taser.
El análisis forense de medicina legal determinó que la muerte de Javier fue violenta, causada por múltiples traumatismos que le habrían estallado un riñón y desangrado hasta la muerte. Esto confirma la teoría de su familia y los testigos del hecho, según la cual después de ser sometido a los vejámenes que quedaron grabados en el video, Javier fue trasladado al CAI del barrio Villaluz, donde fue golpeado y torturado hasta su fallecimiento.
Los CAI, o Comandos de Atención Inmediata, son la unidad básica de la estrategia territorial de la Policía, con sedes físicas en barrios de toda la ciudad. Estos lugares, lejos de sus objetivos fundacionales de garantizar la seguridad y protección de la población, han sido escenario de todo tipo de violaciones a derechos humanos como capturas ilegales, violencia sexual, torturas y asesinatos; además, han operado como centros de operaciones de crímenes ligados al microtráfico de drogas, secuestros y extorsiones, en los que se ha visto comprometida la institución policial.
La noche del 9 de septiembre varios factores produjeron un estallido popular: la indignación ante el asesinato de Javier Ordoñez, el resentimiento acumulado de la ciudadanía ante los abusos y las prácticas delincuenciales sistemáticas de la Policía, y el contexto de crisis social y económica derivada del manejo mezquino que ha dado el Gobierno Nacional a la Pandemia de la COVID 19. Así, lo que inició como una convocatoria espontánea y masiva de plantones en múltiples puntos de Bogotá y su área metropolitana derivó en una digna rabia que fijó como objetivo las instalaciones de los CAI y, en un hecho sin precedentes, casi 40 de estos fueron atacados y al menos 12 incinerados.
La respuesta de la Policía Nacional no se hizo esperar sobre el filo de la noche del 9 de septiembre. La simultaneidad y coordinación en el accionar desproporcionado y criminal de los agentes de la policía evidencia que existió una orden superior, la cual pasó por encima incluso de la autoridad de la alcaldesa Claudia López, quien debió hacer más para defender a la población. En cientos de videos quedaron plasmadas pruebas irrefutables de un sinnúmero de actos reprochables e inaceptables para cualquier régimen que se pregone democrático.
Decenas de policías se desplegaron para recuperar a sangre y fuego las instalaciones tomadas por la turba, disparando sus armas de manera indiscriminada contra protestantes y transeúntes. El saldo no podía ser más abrumador: 13 personas asesinadas por arma de fuego, entre ellas 3 mujeres y 1 menor de edad. La Veeduría Distrital reportó 75 civiles heridos por arma de fuego, 43 por arma blanca y 187 más por otro tipo de circunstancias, entre las que se cuentan golpes con objetos contundentes, caídas y atropellamientos en medio del desorden.
Los videos también evidencian civiles armados disparando junto a la policía, agentes policiales portando prendas sin distintivos o usándolas al revés para atacar a los manifestantes con armas no convencionales. Cientos de personas fueron capturadas en medio de golpizas y trasladadas de manera ilegal a bodegas clandestinas, donde estuvieron varias horas retenidas.
El 10 y 11 de septiembre continuaron las protestas contra la brutalidad policial, aunque con menor intensidad. En ellas, 213 personas fueron detenidas y 3 mujeres fueron abusadas sexualmente en un CAI del centro de la ciudad, lo que demuestra el descaro y la ignominia en la cual ha caído esa institución.
La masacre, las agresiones sexuales y los múltiples hechos de brutalidad policial, develan un ejercicio autoritario del poder basado en el terror y el amedrentamiento. Sólo un despliegue de violencia tal pudo aplacar una movilización social legítima contra un mal gobierno. Toda una generación de jóvenes ha entendido que mientras no haya una reforma estructural de la institución policial, ésta no estará del lado del pueblo.
La impunidad es otro de los factores claves que ha posibilitado el actuar criminal de la policía, puesto que a dos meses de lo sucedido, sólo hay dos capturas por el asesinato de Javier Ordoñez. Ningún alto mando de la Policía o del Gobierno Nacional se hizo responsable por los hechos, ni tampoco ha sido apartado de su cargo. La pregunta sigue pendiente: ¿quién dio la orden?
No hay límite a la crueldad y la sevicia de los agentes de seguridad del Estado que actúan como un aparato criminal. Tampoco hay lugar en nuestros corazones para albergar tanto dolor y rabia por lo acontecido. Demandamos una reforma estructural y urgente de la Policía Nacional como un cuerpo civil, no adscrito al Ministerio de Defensa, que sea garante del ejercicio de los derechos y libertades públicas, conforme lo establece la Constitución Política de Colombia, y que reevalúe el trato propio de la Doctrina de Seguridad Nacional de los protestantes como “enemigos internos”.
Asimismo, exigimos un esclarecimiento de los crímenes cometidos por sus agentes, para lo cual es indispensable que sean investigados por la Justicia Ordinaria y no por la “Justicia” Penal Militar, hecha a la medida de sus intereses.
Ni perdón, ni olvido.
Adenda: mientras se escribía este artículo conocimos por medios de comunicación una denuncia según la cual la policía habría permitido deliberadamente que 20 jóvenes detenidos en el CAI de Soacha, municipio metropolitano de Bogotá, se quemaran encerrados, producto de un incendio que pudo ser controlado. Uno de ellos murió de inmediato y otros ocho en los días siguientes a causa de las quemaduras. Videos difundidos muestran cómo la policía impidió que los familiares auxiliaran a las víctimas e investigaciones recientes señalan que la policía pudo haberles rociado gasolina. Estos hechos ocurrieron el 4 de septiembre, tan sólo 5 días antes de la masacre.
1- El abogado Javier Ordóñez fue asesinado por la Policía afirman sus familiares, Contagio Radio, 9 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.contagioradio.com/el-abogado-javier-ordonez-fue-asesinado-por-la-policia-afirman-sus-familiares/
2 – Medicina Legal señala que la muerte de Javier Ordóñez fue “violenta-homicidio”, El Espectador, 08 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/medicina-legal-senala-que-la-muerte-de-javier-ordonez-violenta-homicidio/
3 – Ver entre otros: https://www.elheraldo.co/judicial/capturan-tres-policias-del-cai-rebolo-por-microtrafico-304520; https://www.bluradio.com/nacion/caen-dos-policias-que-extorsionaban-a-supuestos-miembros-de-banda-de-microtrafico; https://www.elpais.com.co/judicial/capturan-14-policias-por-nexos-conmicrotrafico-en-el-centro-de-bogota.html;
4 – Veeduría Distrital, Informe “El 09 y el 10 de septiembre en Bogotá. Las cifras y datos detrás de los hechos de vandalismo y abuso policial que afectaron el derecho a la protesta social”, septiembre de 2020. Disponible en: http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/EL09YEL10DESEPTIEMBREENBOGOTA.pdf
5 – “La noche del 9S” Primera Entrega, Cuestión Pública, 13 de septiembre de 2020. Disponible en: https://cuestionpublica.com/la-noche-del-9s/
6 – Ver Boletines Informativos N° 3 #10S y N° 1 #11S de la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas. Disponible en: https://defenderlalibertad.com.
7 – ONG denuncia abuso sexual a 3 mujeres en un CAI durante protestas, Pulzo, 12 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.pulzo.com/nacion/ong-dice-que-3-mujeres-fueron-abusadas-cai-durante-protestas-PP968280
8 – “‘Alcanzó a decir: mamá, no llore’: madre de quemado en incendio”, El Tiempo, 11 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/soacha-madre-de-uno-de-los-jovenes-muertos-en-incendio-en-cai-de-policia-noticias-hoy-548378