Por Luz Mery Panche Chocué
Con la falsa excusa de que la región amazóni- ca de Colombia solo aporta el uno por ciento (1%) al producto interno bruto (PIB) del país, las políticas de gobierno y Estado han venido impo- niendo proyectos extractivistas (petróleo) desde la década de 1960, especialmente en el departamen- to del Putumayo; lo que ha permitido, de paso, el auge de la minería ilegal en gran parte de estos territorios, pulmones del planeta.
Las consecuencias de este tipo de economía han sido catastróficas, no solo porque han exacerbado la confrontación armada por la presencia de guerri- llas, paramilitares, demás grupos ilegales y fuerza pública, sino también por el auge del narcotráfico, el aumento del empobrecimiento de las comunida- des y la degradación ambiental del territorio.
Para el caso del departamento del Caquetá, los gobiernos de turno han seguido al pie de la letra la imposición de las instituciones afines al mercado mundial y se apresta a ampliar el modelo económi- co extractivista, ahora agregando un nuevo com- ponente como la ejecución de catorce proyectos hidroeléctricos cuyo fin es proveer la gran cantidad de energía eléctrica que requieren las empresas extractivistas para acelerar el despojo de tierras y bienes naturales, así como finalizar la destrucción de la Selva Amazónica.
En los últimos tiempos ha sido inevitable seguir ocultando las graves consecuencias ambientales que la economía extractivista ha causado en la re- gión y han sido las mismas instituciones estatales que han informado de la contaminación con mer- curio (Hg) de las principales fuentes hídricas como los ríos Putumayo, San Miguel, Caquetá, Caguán, entre otros, que hacen parte de la Gran Cuenca del Río Amazonas.
Desde tiempos milenarios, los Pueblos Originarios han desarrollado prácticas ancestrales que han garantizado el cuidado de la Selva con sistemas propios de planeación, producción y economía de vida, que le permite hoy a Colombia contar aún con la conservación del 80% de este biodiverso ecosistema de importancia planetaria.
Fotos: www.salvalaselva.org
Sin embargo, son precisamente los Pueblos Origi- narios nómadas, seminómadas, sedentarios y mi- lenarios, los más afectados por la violenta usurpa- ción del territorio y la destrucción y contaminación, de las dinámicas y ciclos naturales.
Los ríos y demás fuentes hídricas son espacios donde se desarrolla la cotidianidad de los pueblos a quienes se les ha prohibido la pesca, el transpor- te, la minería tradicional y el desarrollo de su vida en general, sin que el Estado o la Cooperación Internacional se comprometa en garantizar alter- nativas, que por supuesto deben estar dirigidas a eliminar de sus agendas económicas este tipo de economía destructiva en territorio Amazónico.
Fragmentar los ciclos vitales de los ecosistemas fluviales con cualquier tipo de infraestructura, será simplemente declarar el exterminio, el Etnocidio de los Pueblos Originarios y demás comunidades, como también de la infinita Biodiversidad de la Sel- va Amazónica y podemos afirmar que se está or- questando un crimen de lesa humanidad, que he- mos venido advirtiendo y denunciando, de la cual serán responsables los gobernantes del país, los banqueros, oligopolios y sus aliados de la coope- ración internacional y del capitalismo verde.