Leonel Bernal.
(EL SALVADOR C.A.)
El pasado 10 de diciembre se conmemoró el día de los Derechos Humanos, día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948 adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), por lo que se hace necesario reflexionar sobre su cumplimiento en nuestros países, para ello se reflexionará la situación de los Derechos Humanos en El Salvador en el contexto actual, por lo que se seguirá el iter siguiente: (i) Consolidación de una nueva clase gobernante en El Salvador. (ii) Naturaleza de la nueva clase gobernante. (iii) causas del conflicto entre grupos de poder. (iv) Que pasa con los Derechos Humanos en El Salvador. (v) Desafios del Movimiento Popular Salvadoreño.
CONSOLIDACIÓN DE UNA NUEVA CLASE GOBERNANTE EN EL SALVADOR.-
El 3 de febrero del año 2019 se llevaron a cabo las elecciones para la Presidencia de la República en El Salvador, las cuales dieron como ganador al candidato Nayib Armando Buckele Ortez, quien para poder participar se inscribió en un partido de derecha llamado GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional), esto, debido a que el partido politico en formación para ese año por el cual pretendia participar para la carrera presidencial, no fue inscrito por el entonces Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, de igual forma el partido de centro izquierda Cambio Democrático, que tambien se ofreció para inscribir al candidato y así poder competir para los comicios, fué demandado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, máximo Tribunal en materia Constitucional, con la cual se pretendia fuese cancelado por no cumplir con los requisitos legales minimos para seguir funcionando (la legislación salvadoreña manda que un partido para subsistir necesita al menos un diputado en la Asamblea Legislativa o haber obtenido un minimo de 50 mil votos en las ultimas elecciones (Artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos), requisitos que el partido Cambio Democratico no cumplía, por lo que el otrora candidato para no correr el riesgo de quedar fuera de las elecciones, optó por la oferta realizada por el partido politico GANA, cuya militancia se conformó por ex miembros del partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) y confrontados con su partido de origen.
Los resultados electorales dieron como ganador por amplia mayoría (mas del 50%) a Nayib Buckele, obteniendo un total de 1,434,856 votos válidos, siendo la coalición entre los partidos de derecha ARENA-PCN-PDC-DS su mas cercano perseguidor con un total de 857,084 votos y en tercer lugar el partido autodenominado de izquierda fmln, con un total de 389,289 votos, quienes a esa fecha gobernaban desde hace diez años el organo ejecutivo. Esos resultados electorales pusieron fin al bi partidismo entre ARENA y el fmln instaurado en El Salvador desde los llamados Acuerdos de Paz en 1992.
Dos años despúes, el 28 de febrero del año 2021, se realizaron las elecciones para alcaldes y diputados en El Salvador, donde el partido Nuevas Ideas, fundado por el ya presidente de la República participó, obteniendo una amplia ventaja sobre sus competidores, sobre todo ante los partidos ARENA y fmln, quedando la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista, con un total de 56 diputados de 84 posibles, donde 10 entraron en coalición con GANA, en segundo lugar el partido de derecha tradicional ARENA obtuvo 14 escaños, relegando al partido fmln con apenas 4 diputados, y en ultímo lugar partidos pequeños de derecha como Nuestro Tiempo, Vamos, PCN y PDC, esta nueva correlacion de fuerzas en el organo legislativo le permite a la alianza Nuevas Ideas-GANA obtener mayoria absoluta en ese organo, por lo tanto la posibilidad de aprobar leyes y elegir funcionarios de segundo grado sin la nececidad de tomar en cuenta a los partidos en oposición. Además el partido Nuevas Ideas alcanzó 152 alcaldías de los 262 municipios que conforman el país centroamericano.
Con semejantes resultados a favor y el control de dos órganos de estado, Nayib Bukele por medio de la Asamblea Legislativa enfila su posición frente a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República y el primero de mayo de este año, por medio de Decreto Legislativo se removieron a los cinco Jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, días después, el 31 de octubre de este año, la Asamblea Legislativa aprueba reformas a la Ley de la Carrera Judicial con la cual obliga al retiro de forma automática a más de un tercio de los 690 jueces de todo el país, de igual forma a los fiscales que tuviesen más de 60 años de edad o 30 de servicio, lo cual Según Bukele, busca sacar a los jueces y fiscales corruptos del órgano judicial.
De esta manera queda consolidado el poder institucional de la nueva clase gobernante en El Salvador, controlando los tres órganos de Estado y sin ningún tipo de resistencia institucional significativa que le impida realizar sus planes de gobierno, lo cual no significa que los sectores excluidos de la nueva administración del gobierno se queden inertes, al contrario, han convocado a diferentes protestas en contra de las medidas adoptadas por la nueva clase gobernante, las más significativa fueron las realizadas el 15 de septiembre, 17 de octubre y 12 de diciembre de este año, donde diferentes organizaciones sociales de todo tipo salieron a protestar con diferentes banderas de lucha, las cuales van desde reivindicaciones populares como la defensa del agua, el alto costo de la vida, la despenalización del aborto, justicia para las y los desaparecidos, hasta exigencias de los otrora partidos políticos mayoritarios fmln y ARENA, además de los jueces destituidos y sindicatos con filiación partidaria que defienden bajo la bandera del vilipendiado Estado de Derecho, Democracia e independencia de poderes, el antiguo estatus quo que ostentaban antes de la llegada del nuevo inquilino de CAPRES.
NATURALEZA DE LA NUEVA CLASE GOBERNANTE.-
Luego de la firma de los llamados Acuerdos de Paz en El Salvador, se consolidó un Neoliberalismo brutal en todos los campos de la sociedad salvadoreña, desde lo económico hasta lo ideológico, fundamentado en un pilar político bipartidista que pretendencia justificar la “Democracia” naciente en el Salvador luego de la guerra civil. El Bipartidismo se sostuvo en dos vigas fundamentales para su desarrollo, el primero fue el partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) fundada por el asesino de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, partido político que respondía a los intereses de la oligarquía tradicional, cuya acumulación originaria se basó en el despojo de territorio y asesinatos de campesino, obreros y pueblos originarios, hechos que fueron legalizados en una serie de leyes llamadas de extinción de comunidades y ejidos en 1881, la otra viga es creada por un grupo de ex guerrilleros integrantes del otrora FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), Alianza político-militar formada por el Partido Comunista de El Salvador (PCS), El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (RN), organización que fue desarticulada con el fin de la guerra civil, a esta viga naciente algunos ex comandantes le deciden llamar fmln (así con minúsculas), partido político que se autodenominó de izquierda, al menos en el discurso, aunque en la práctica sirvió para consolidar y legitimar proyectos neoliberales, incluso fueron cómplices del aumento al IVA, propusieron la Ley de Zonas Económicas Especiales y crearon una reforma al sistema de pensiones privatizado por ARENA que en lugar de revertirla la consolidó y afectó mas a la clase trabajadora.
Los partidos políticos en mención cogobernaron por más de treinta años, los primeros 20 años fueron gobernados por ARENA (de 1989 a 2009), seguido de 10 años por el fmln (De 2009 a 2019), lo cual culminó en el hartazgo político del pueblo salvadoreño y que fue aprovechado oportunistamente por una burguesía empresarial que había sido excluida del festín que hicieran los partidos mayoritarios usufructuando la cosa pública.
Esta pequeña burguesía empresarial canalizó el descontento del pueblo salvadoreño al bi partidismo, sobre todo por los casos de corrupción evidentes en las administraciones de ARENA y el frente, lo cual se expresó en las urnas en el 2019 y 2021, donde el pueblo ejercitó un voto negativo, es decir, un voto en contra del bi partidismo, mas que un voto a favor de Bukele, sin embargo este oportunismo al descontento popular ejercido por la nueva clase gobernante sirvió para consolidarlos en el poder institucional.
La pequeña burguesía empresarial gobernante viene de las mismas filas de la oligarquía tradicional, sin embargo fueron excluidas del reparto de capital y atados a las reglas del mercado en un modelo Neoliberal, donde el más fuerte se come al más chico.
Es necesario diferenciar, para efectos de identificación histórica, a la clase dominante y a la clase gobernante en El Salvador, donde la primera es determinada en última instancia por la acumulación originaria del capital en el país desde 1881, cuya propiedad sobre la tierra y demás medios de producción le genera acumulación de capital, mientras la segunda históricamente ha sido servil a la primera y cuando hay intentos de invertir la situación, la clase dominante termina por cambiar a la clase gobernante. En El salvador la función de clase gobernante la ejercieron los militares antes de la guerra civil y posterior a ella los partidos políticos, se caracteriza por acumulación de capital usufructuando el heraldo público aprovechando el poder institucional, pero dependiente siempre de la clase dominante, esa lógica delincuencial de actuar tanto de la clase dominante como de la clase gobernante persiste hoy en día, sin embargo los actores han modificado su correlación de fuerza, en la clase dominante hubo una especie de fraccionamiento en 1989, producto de la caída de los precios internacionales del café, lo cual afectó la dinámica económica del país, pues su principal actividad económica agrícola se fundamentaba en la producción del llamado grano de oro, es con ello que la clase dominante originalmente agroindustrial va incursionando en nuevas formas de explotación hasta consolidarse en cuatro fracciones dentro de la clase dominante, llamadas así para diferenciarlas en relación a la principal actividad económica que le genera acumulación de capital, quedando la familia Regalado-Dueñas como la más prominente en la fracción agroindustrial, la familia callejas en el sector Comercio y servicios, la familia Simán en el sector Industrial y la familia Kriete en el sector financiero, aunque existen otras familias que también se desenvuelven en estos rubros, las mencionadas serian las que ejercen principal influencia económica y política en el país, estos grupos familiares excluyen a empresarios burgueses que también disputan su participación en el festín explotador, es decir, también reclaman su pedazo de pastel.
Aparecen en escena pequeños grupos llamados oligarquía en ascenso, entre ellos las cúpulas de los principales partidos políticos que cogobernaron El Salvador bajo el sistema bipartidista, los cuales generan capital producto del usufructo del heraldo público, también aparecen grupos del narcotráfico que consolidan su influencia en zonas fronterizas del territorio nacional, las cúpulas de las principales pandillas quienes son los dueños del territorio y controlan la cotidianidad de las y los salvadoreños en su mayoría empobrecidos y empobrecidas, quienes acumulan por medio de la extorción y el narcotráfico, pero también aparecen otros grupos empresariales, entre ellos una pequeña burguesía empresarial árabe palestina, que se consolidó como pequeños empresarios en el país, a esa fracción responde el grupo Buckele, quienes participan en una especie de clan familiar para la toma de decisiones políticas mas importantes en El Salvador, sin embargo no son los únicos, pues el gobierno aparece como una especie de corporación empresarial o una alianza de grupos de la pequeña burguesía empresarial y algunos actores de la oligarquía tradicional, donde la familia callejas y kriete son los más conocidos, es decir, existe un gobierno corporativista donde Bukele es el principal personaje que aparece en escena, pero con una estructura empresarial que gobierna los tres órganos de Estado.
CAUSAS DEL CONFLICTO ENTRE GRUPOS DE PODER.-
Para una aproximación a la naturaleza del conflicto en El Salvador, es necesario diferenciar sus causas o motivos expresados por diferentes grupos de acuerdo a su naturaleza o posición estructural.
El desplazamiento de la antigua clase gobernante integrada por los partidos políticos tradicionales a una nueva clase gobernante integrada por la burguesía empresarial no ha sido tranquilo, más bien antagónico, pues el antiguo régimen que no termina de desaparecer se resiste al nuevo régimen que no termina de consolidarse.
La génesis del conflicto entre grupos por el poder se desarrolla con mayor claridad en aquellos que ostentan medios y recursos para desarrollar actividades de resistencia, este bando lo encabeza el gobierno de Estados Unidos, cuya embajada en El Salvador, liderada hasta hace poco por Jean Manes, ex encargada de negocios, lidera ataques a los funcionarios del gobierno de Buckele, lo cual ha llevado a una serie de sanciones económicas y posiblemente hasta penales por actos de corrupción y negociaciones con pandillas, señalados por el Departamento del Tesoro de USA, específicamente al Director de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín, y el viceministro de Justicia y Director de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna, también sancionó a la jefa de gabinete de El Salvador, Martha Carolina Recinos, por estar supuestamente involucrada en un esquema de corrupción durante la pandemia de covid-19, a ellos se suman otros aliados de Bukele publicados en la Lista Engel, donde están señalados varios funcionarios públicos de El Salvador, Honduras y Guatemala, acusados de diferentes delitos.
Estas fisuras entre el gobierno de El Salvador y los Estados Unidos, tienen a la base las relaciones de cooperación que el gobierno ha establecido con China, específicamente en un acuerdo de cooperación con un financiamiento de $500 millones, monto con el cual se pretenden ejecutar varios proyectos en el territorio salvadoreño, entre estos se contemplan una Biblioteca Nacional, un Estadio Nacional, una planta potabilizadora en el lago de Ilopango y un Muelle en el departamento de La Libertad, entre otros.
Por otro lado la medida de adoptar el BITCOIN como moneda de curso legal en El Salvador, es considerado por los Estados Unidos como un atentado a la hegemonía del dólar, moneda adoptada de curso legal desde el 2001 en la economía salvadoreña, la cual ha desplazado en su totalidad al colon, que aun sigue siendo moneda de curso legal, pero que en la realidad ya no circula en las transacciones económicas de éste país.
Con el liderazgo de los Estados Unidos en la oligarquía tradicional y sus instrumentos como la prensa privada, los partidos políticos tradicionales y varias ONG`s en el país, se ha configurado un bloque de resistencia al régimen de Bukele, quienes en alianza táctica identifican a un enemigo en común para sus intereses económicos y de clase.
Esa disputa entre la oligarquía tradicional aliada histórica de los Estados Unidos y la burguesía empresarial instalada como nueva clase gobernante responde a intereses, económicos, políticos y geopolíticos y forma parte de la disputas de capitales tanto nacionales como transnacionales.
QUE PASA CON LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR.-
Identificado el problema de la disputa entre grupos de poder en El Salvador, es pertinente aclarar que en la sociedad salvadoreña no termina de consolidarse una posición política definida frente a Buckele, aparentemente sigue contando con un respaldo popular bastante significativo, la última encuesta publicada por una Universidad Privada en El Salvador, le otorga una nota de 7.8 a dos años y medio de su gestión, lo cual indica que sigue pesando el rechazo a los partidos políticos tradicionales, quienes en la misma encuesta siguen generando enojo entre los salvadoreños (Encuesta de la Universidad Francisco Gavidia: El Humor Social y Político, Cosmovisión e Ideología de los Salvadoreños).
En contraste con el alto puntaje del presidente Bukele, aparece una realidad bastante preocupante en la sociedad salvadoreña respecto a la materialización de los derechos humanos y la amenaza a la existencia misma de nuestro país.
En una aproximación al análisis de la situación de los derechos humanos en El Salvador se identificarán su situación y cumplimiento en los campos económicos, políticos y sociales.
En lo económico: Según los Datos del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), la proyección de crecimiento económico para el cierre de 2021 se elevó a un 10,3 % de un 9% previo, lo cual según declaraciones del presidente del BCR Douglas Rodríguez “Se está logrando que el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador crezca, gracias a las acciones estratégicas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.” Lo cual contrasta con el desarrollo económico cuya medición se hace en la economía real de la gente y tiene que ver con varios factores, entre ellos el nivel de empleabilidad y la calidad del mismo, la cual según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan una caída en los trabajadores reportados en 74,779 entre febrero y junio del año pasado, los meses que duró el mayor confinamiento impuesto en el país para contener el avance del covid-19. En tanto, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) registra que los cotizantes del sistema de pensiones a julio muestran una reducción de 63,297 usuarios de pensiones si se compara con el mismo período de 2019, un -8.6 % inferior a los 733,006. Lo anterior refleja una situación crítica para la población salvadoreña y especialmente para la clase trabajadora, siendo la más vulnerable la contratada por el sector privado, que dicho sea de paso aún no se recupera del impacto de la pandemia en relación a la pérdida de empleo, según datos del ISSS, la cantidad de trabajadores reportada por esa institución, es de 699,475, la cual es 6,082 (-0.86 %) menos en relación al año pasado. Otro dato importante a considerar es que el alto costo de la vida ha incrementado este año producto del alto índice inflacionario, el cual según la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) del Ministerio de Economía de El Salvador, al mes de agosto la inflación había subido hasta un 4,3%, a diferencia del mes de marzo de ese año que era de un 0,27% reflejado así en el Índice de Precios al Consumidor, es decir que en ocho meses el costo de la vida de las y los salvadoreños se ha cuadruplicado, lo cual contrasta con el pírrico aumento al salario mínimo vigente desde el mes de agosto, el cual consistía en un 20%, cantidad insuficiente para dar cumplimiento a los establecido en el artículo 38 ordinal 2º de la Constitución de la República de El Salvador, el cual reza: Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. Mucho menos para dar cumplimiento a los artículos 22, 23 numeral 3 y 25 numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales establecen el derecho a una remuneración digna por el trabajo realizado y a un nivel de vida adecuado que le asegure a toda persona, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para su pleno desarrollo. Todo ello sin mencionar que la tasa de desempleo en El Salvador alcanzaría el 9.5% en el presente año y que el 70% de los trabajadores pertenecen al sector informal según la Digestyc.
En lo político: Uno de los derechos más importantes consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el de participación política e igualdad, establecido en los artículos 2, 7, 18,19 y 20, mismos que se consideran violentados por el gobierno de El Salvador según diferentes sindicatos que han denunciado limites a la libre sindicación, en primer lugar porque se niegan entregar las credenciales que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social otorga para el normal funcionamiento de este tipo de organizaciones, mismas que son decididas de manera arbitraria el criterio de entrega, pues a los sindicatos que son afines al gobierno no se les dilata dicha entrega, mientras que a los no afines y a los de oposición se les dilata sin mayor justificación, de igual forma se han materializado despidos a dirigentes sindicales que además cuentan con la protección del fuero establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República.
Por otro lado es alarmante la criminalización de la protesta pública de líderes y lideresas comunales que se oponen a proyectos urbanísticos promovidos por el gran capital, los más recientes se dieron en los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate al sur occidente del país, en el cual dirigentes de la Comunidad La Labor de Ahuachapán fueron capturados arbitrariamente el día 25 de noviembre en horas de la madrugada en un masivo despliegue policial que terminó en la captura de líderes comunitarios que se oponían al un proyecto de construcción de la empresa FENIX S.A de C.V. propiedad de Salazar Romero, quienes estaban usufructuando el agua de la comunidad de manera ilegal, motivo por el cual la comunidad resistía.
Además es de señalar el desalojo de más de 200 familias de las comunidades de Los Cóbanos y el Desagüe en el Departamento de Sonsonate, quienes reclaman su derecho a una vivienda digna y seguridad jurídica, los cuales según el gobierno usurpan propiedad estatal.
En lo social: Una de las principales amenazas a los derechos humanos se da en relación al agua, a la salud y educación, el primero tiene que ver con una iniciativa del gobierno de crear una Ley de Recursos Hídricos, la cual en opinión de las Juntas de Agua de diferentes comunidades en el país, propiciaría la explotación en cuanto al uso y comercialización de la misma, pues en su articulados deja vacios peligrosos que suponen la autorización de permisos de explotación a cambio de dadivas económicas, pues en el artículo 13 literal ”f” del cuerpo normativo en mención, otorga a la Autoridad Salvadoreña del Agua ( Institución a crear con la entrada en vigencia de la Ley) la facultad de emitir autorizaciones sobre el uso y aprovechamiento del recurso hídrico de conformidad a lo establecido en la Ley, la cual en su artículo 91 inciso segundo establece que el funcionamiento administrativo dependerá de los cobros de lo cánones por uso y aprovechamiento de aguas, lo que podría generar una relación de explotación en el cual el otorgamiento del permiso podría depender del pago del canon.
De igual forma otro de los derechos violados es el de salud, pues a pesar de el manejo de la pandemia por el gobierno de El Salvador, que cuenta con un respaldo mayoritario de la población salvadoreña, según datos de un periódico de circulación nacional (LPG DATOS) el cual es de oposición al gobierno, publicó que el 93.5% de los salvadoreños mayores de 18 años de edad aprueba el trabajo realizado por Bukele en el manejo de la pandemia, sin embargo otras de las enfermedades apremiantes que aun no son tratadas en el sistema de salud publica es la insuficiencia renal, la cual según el Ministerio de Salud de El Salvador las causas más frecuentes de egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales en el periodo de enero a septiembre del presente año, reportaba dicha enfermedad en primer orden, lo cual está relacionado a las practicas del monocultivo de caña de azúcar que impera en El Salvador y ante lo cual el gobierno se da por desatendido.
Un tercer campo que indica violación a derechos humanos es el de Educación, pues las causas estructurales de la misma no son atendidas, los niveles de reprobación masiva en las evaluaciones para el ingreso a la Universidad de El Salvador, la única universidad pública del país son alarmantes, en el último examen de admisión sin contar con la limitada capacidad de ingreso que la misma tiene, pues de 24,222 aspirantes, el 51% quedará fuera del acceso a la educación superior gratuita.
DESAFIOS DEL MOVIMIENTO POPULAR SALVADOREÑO.-
En un contexto de vulneración a los derechos humanos, la organización de los pueblos es fundamental, tanto para la defensa como para la conquista de nuestras banderas de lucha, desafíos que requieren la construcción del sujeto político social de naturaleza popular, que luche por las transformaciones reales en nuestra sociedad, por tanto es fundamental iniciar un dialogo de intereses de todos aquellos sectores y grupos que compartan un programa popular, lo cual requiere estar alertas ante los cantos de sirena de la oligarquía y la burguesía, los primeros en su disputa contra el actual gobierno pretenden construir instrumentos de lucha desde las clases populares y desde la institucionalidad para retornar al estatus quo que ostentaban, mientras los segundos aprovechando el hartazgo del pueblo hacia los partidos políticos tradicionales, pretenden justificar el usufructo del Estado. Por ello la alternativa debe ser sin patrocinio, menos del imperio en el cual no debemos confiar ni un milímetro y ni un segundo.
¡POR UNA SALIDA POPULAR A LA CRISIS!
¡NI EL PASADO, NI EL PRESENTE, CONSTRUYAMOS EL FUTURO!
¡PAN Y AGUA!
¡VIVA LA CLASE POPULAR SALVADOREÑA!