El gobierno impulsó desde su llegada, un plan denominado control territorial, el cual estaba dirigido a neutralizar el accionar de las pandillas en El Salvador, este se implementaría en varias fases, de las cuales actualmente se encuentra en su fase 4, uno de los objetivos del plan ha sido reducir los niveles de asesinatos que en años de gobiernos anteriores eran entre 15 y 20 diarios, al menos en los datos oficiales de los gobiernos de turno. Ese objetivo aparentemente había sido logrado por Nayib Bukele, pero el día 26 marzo del presente año, se reportó un incremento de más de 50 asesinatos en un solo día cometidos por las pandillas, cifras nunca antes vistas desde el fin de la guerra civil, lo cual hizo suponer dos cosas, en primer lugar que el control territorial aún lo tienen las pandillas y que la publicidad de Bukele sobre la baja de homicidios no era más que una campaña publicitaria producto de, acá la segunda suposición, negociaciones con los grupos principales de las pandillas, suponiendo en la población que algún pacto no fue respetado entre el GOES y las pandillas, lo que produjo el alza de homicidios aparentemente controlado.
Como respuesta al alza de homicidios, Bukele solicita por medio de su ministro de seguridad a la Asamblea Legislativa aplicar el Régimen de Excepción (Art. 29 Cn.- En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República, y se hará por medio de decreto del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo, en su caso. También podrán suspenderse las garantías contenidas en los Arts. 12 inciso segundo y 13 inciso segundo de esta Constitución, cuando así lo acuerde el Órgano Legislativo, con el voto favorable de las tres cuartas partes de los Diputados electos; no excediendo la detención administrativa de quince días.).
Esto le facilitaría al gobierno el combate a las pandillas, en lo que él denomina “guerra a las pandillas”, sin embargo esta suspensión de garantías aplican de manera general y obligatoria, por lo que toda la población está sujeta a esas disposiciones. En el contexto del régimen de excepción se han realizado hasta el momento más de 20 mil detenciones, pues el congreso prorrogó por treinta días más su vigencia, entre las capturas se reportan denuncias por la población civil de más del 25% de capturas de personas sin vínculos con pandillas, por lo que se estarían violando principios fundamentales de los derechos humanos a estos salvadoreños detenidos.
Es de aclarar que nos encontramos en una guerra social originada por la exclusión económica, el incremento de grupos delictivos financiados por el narcotráfico y las fracasadas políticas de seguridad implementada tanto en gobiernos anteriores como en el presente, sin embargo en este gobierno se reportan índices muy bajos de homicidios, pero evidenciado que responde a una tregua pactada que aparentemente se ha quebrantado y ha intensificado la guerra. En esta vorágine del régimen de excepción, llega la histórica fecha del primero de mayo, donde las y los trabajadores a nivel mundial conmemoran a los mártires de chicago y hacen públicas las principales reivindicaciones contra el capital.
En el caso de El Salvador, el montaje del Neoliberalismo no solo propició el nacimiento y desarrollo de las pandillas, sino también la exclusión económica, la privatización de los servicios públicos, el extractivismo como una de las principales actividades económicas de acumulación de capital, la descampenización, la desarticulación del movimiento popular, el abandono de la ciencia, la mercantilización de la educación, el montaje del bi partidismo sosteniendo al régimen político del país, la dolarización y la anomia social. Adentro de esa sociedad diseñada desde el imperialismo y gestionada por la oligarquía local desde los aparatos de gobierno, se mueven las y los trabajadores organizados en sindicatos y asociaciones, quienes participaron el primero de mayo en diferentes actividades por el día internacional de la clase trabajadora justo en el contexto de un régimen de excepción.
El movimiento popular organizado ha sido desarticulado, aquellas manifestaciones multitudinarias de los años sesentas, setentas y ochentas; los discursos con argumentos sólidos que motivaban al pueblo en sus reivindicaciones; la formación política e ideológica de aquellas y aquellos dirigentes que hacían temblar al gran capital y la convicción de lucha expresada por los otrora manifestantes, ha sido diezmada en su máxima expresión. En estos tiempos propios de un oscurantismo, las manifestaciones por el día internacional de la clase trabajadora, expresó la división del movimiento sindical salvadoreño, algunos sindicatos organizados en su mayoría en dos bloques denominados la Unidad Sindical Salvadoreña y la Confederación Intergremial Sindical, acudieron al llamado que hiciera el gobierno desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para concentrarse en un prominente hotel de la capital y realizar un acto oficial, donde no faltaron las manifestaciones en apoyo al gobierno de turno, incluso se evidenciaban carteles pidiendo la reelección de Bukele.
Mientras esto se desarrollaba, otros bloques de sindicalistas, quienes previamente habían sido tildados por el Ministro de Trabajo como defensores de pandilleros, decidieron realizar las tradicionales marchas del primero de mayo, coincidiendo todas en la Plaza Barrios frente a catedral metropolitana de San Salvador, donde cada una pronunció discursos propios de las reivindicaciones de cada gremial. Lo anterior evidenció no solo la diferencia de rutas, sino las posiciones políticas frente al gobierno, los que marcharon se identifican como oposición y aunque no fue pactada ni coordinada al unísono la decisión de marchar al mismo destino, todos coinciden en su posición política, aunque cada uno por diferentes motivos, entre ellos participaron claramente partidos políticos, aunque de manera oficial solamente el FMNL (partido de la oposición) marchó identificado, lo cual no significa que todos los bloques apoyen o respalden a dicho partido, al contrario muchos tienen posiciones antagónicas con ellos, sin embargo tienen en común ser de oposición, etiqueta que el mismo gobierno les ha dado.
En otra zona de la capital, en un hotel, sindicalistas expresaron ante el Ministro de Trabajo y el Asesor Jurídico de Casa Presidencial un documento político reivindicativo, lo cual se suma a numerosos documentos presentados con anterioridad que aún no han sido resueltos, los asistentes a este último evento son definidos por el mismo gobierno como la verdadera representación sindical y la única legitima, propiciando aún más las divisiones entre sindicatos.
La estrategia del gobierno es clara y propia de quien ostenta grados de poder, lo hicieron así gobiernos anteriores y lo siguen reproduciendo los nuevos inquilinos de CAPRES, tener un movimiento sindical dividido y diezmado facilita al gobierno su accionar, por tanto no existirá resistencia real a las políticas que desde sus aparatos se implementen.El desafío para las y los salvadoreños no radica en crear nuevos sindicatos y más organizaciones, sino en recrear un nuevo sindicalismo, con autonomía de los partidos políticos tradicionales y del gobierno actual, que se movilice sin patrocinio y por sus propias reivindicaciones, confrontando contra el gran capital y creando el nuevo sujeto político popular de lucha, esto a pesar de las claras limitantes organizativas, formativas y movilizadoras que afectan al nuevo proyecto que debemos gestar.
¡QUE VIVA EL PRIMERO DE MAYO!