- Las cortes de los colonizadores nunca han sido un buen lugar para los pueblos indígenas.
- demostración de fuerza y unidad entre los pueblos indígenas y las naciones tribales.
(“Estados Unidos”) Las cortes de los colonizadores nunca han sido un buen lugar para los pueblos indígenas. Pero una Corte Suprema (SCOTUS) dominada por jueces conservadores está demostrando lo perjudicial que puede ser el sistema para todos los pueblos de los “Estados Unidos”.
Tras una demostración de fuerza y unidad entre los pueblos indígenas y las naciones tribales, la Corte Suprema preservó la Ley de Bienestar del Niño Indígena (ICWA), una ley federal concebida para frenar el robo de niños indígenas por parte de los colonizadores.
Los oponentes a la ICWA, conocida como la regla de oro de la
legislación sobre bienestar infantil, intentaron utilizar el caso
para desmantelar la soberanía tribal. Pero la decisión de 7 a 2 en
Haaland contra Brackeen evitó el desastre al confirmar que las tribus tienen derecho a determinar el lugar al que pertenecen sus niños, sobre todo frente a cientos de años de traslados por parte de agentes estatales y privados de las industrias de adopción y acogida y de los colegios internados gestionados y apoyados por el gobierno.
Los oponentes a la ICWA, conocida como la regla de oro de la legislación sobre bienestar infantil, intentaron utilizar el caso para desmantelar la soberanía tribal. Pero la decisión de 7 a 2 en Haaland contra Brackeen evitó el desastre al confirmar que las tribus tienen derecho a determinar el lugar al que pertenecen sus niños, sobre todo frente a cientos de años de traslados por parte de agentes estatales y privados de las industrias de adopción y acogida y de los colegios internados gestionados y apoyados por el gobierno.
Sin embargo, el movimiento para proteger la ICWA está lejos de terminar. Las organizaciones conservadoras y de derecha no han ocultado su intención de seguir luchando contra la ICWA, con la esperanza de aprovecharse de la mayoría de jueces anti nativos que han invitado a nuevos litigios que perjudicarían los derechos de las naciones tribales.
En la mañana de la decisión de la ICWA, el 15 de junio de 2023, la corte suprema decidió por una sorprendente votación de 8 a 1 que las tribus pueden ser demandadas sin su consentimiento, a pesar de que no verá la palabra “tribu” en ninguna parte de la ley federal en cuestión en Lac du Flambeau Band of Lake Superior Chippewa Indians v. Coughlin.
El único disidente dice: “Desde la fundación hasta el presente, esta Corte ha reconocido la existencia continua de las Tribus como ‘soberanos independientes'”. El precedente de “soberanos independientes” está escrito en la decisión de Haaland v. Brackeen.
El 22 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos dió al pueblo de la Nación Navajo un duro revés en sus prolongados esfuerzos por conseguir agua para la reserva más grande de los “Estados Unidos”. La votación por 5-4 en el caso Arizona contra la Nación Navajo volvió a poner de manifiesto el dominio conservador en el alto tribunal, ya que todos los votos en contra de la tribu procedieron de jueces conservadores.
Aproximadamente el 40% de la reserva navajo carece de agua. Según datos del gobierno estadounidense, los estados que luchan contra la Nación Navajo utilizan mucha más agua que losresidentes de la reserva. “El estadounidense promedio utiliza entre 88 y 100 galones al día”, dijo el abogado de la tribu durante los alegatos orales del caso. En cambio, “el promedio de la Nación Navajo son unos 7 galones”.
A pesar del Tratado Navajo de 1868 que el gobierno de EE.UU. firmó garantizando a la nación Navajo sus tierras, sus recursos y su soberanía, todos los estados que rodean a la Nación Navajo tendrán garantizado el acceso al agua mientras que la reserva no la tendrá.
El gobierno de Estados Unidos tiene obligaciones legales especiales con las naciones tribales y sus ciudadanos. Estas obligaciones, a menudo descritas como responsabilidad fiduciaria, tienen su origen en la Constitución de Estados Unidos y se han desarrollado a lo largo de los siglos a través de promesas realizadas en tratados, leyes federales y otros acuerdos.
Por esta razón, se supone que los programas y servicios que benefician a las personas indígenas americanas y a los nativos de Alaska están a salvo de impugnaciones. Pero, como en el caso de la ICWA, los intereses conservadores están decididos a acabar, erradicar y debilitar todo lo que consideren una amenaza para su control del poder.
La decisión de la Corte Suprema de poner fin a la acción afirmativa en la educación universitaria representa un ejemplo perfecto. La mayoría conservadora de la Corte votó 6 a 3 para prohibir las políticas de admisión a la universidad basadas en la raza, a pesar de que, como señaló un disidente, hacerlo “casi borraría la clase indígena americana de nuevo ingreso” en la Universidad de Carolina del Norte, una institución financiada con fondos públicos.
No sólo desaparecerán estudiantes indígenas en los campus de todo el país. El Harvard College, una institución privada, advierte de que el número de estudiantes afrodescendientes admitidos descenderá del 14% al 6% con la eliminación de la acción afirmativa. La representación de estudiantes hispanos/latinos se reducirá del 14% al 9%, según la sentencia de la corte.
La decisión sobre la acción afirmativa se produjo en dos casos conocidos como Students for Fair Admissions Inc. v. President & Fellows of Harvard College y Students for Fair Admissions, Inc. v. University of North Carolina. El grupo Students for FairAdmissions Inc. fue creado por un activista conservador cuya misión, según Reuters, es “borrar las preferencias raciales” de la sociedad estadounidense.
En otro caso atroz, la mayoría conservadora debilitó drásticamente la Ley de Aguas Limpias, una ley federal que anteriormente ofrecía cierta sensación de alivio medioambiental en las comunidades marginadas que con frecuencia son víctimas de una contaminación tóxica y destructiva para la salud.
La sentencia en el caso Sackett contra la Agencia de Protección Medioambiental lo cambia todo por un pequeño margen de 5 votos a favor y 4 en contra. Como resultado, la mitad de los 118 millones de acres de prados húmedos de Estados Unidos ya no están protegidos por la Ley de Aguas Limpias. Los individuos y las empresas son ahora libres de contaminar las vías acuáticas.
La sentencia en el caso Sackett contra la Agencia de Protección Medioambiental lo cambia todo por un pequeño margen de 5 votos a favor y 4 en contra. Como resultado, la mitad de los 118 millones de acres de prados húmedos de Estados Unidos ya no están protegidos por la Ley de Aguas Limpias. Los individuos y las empresas son ahora libres de contaminar las vías acuáticas.
ENGLISH VERSION
- The colonizers’ courts have never been a good place for indigenous people.
- demonstration of strength and unity between indigenous peoples and tribal nations.
(“United States”) The courts of the colonizers have never been a good place for Indigenous peoples. But a Supreme Court (SCOTUS) Mdominated by conservative justices is demonstrating just how damaging the system can be to all people in the “United States.”
Following a show of force and unity among Native people and tribal nations, SCOTUS preserved the Indian Child Welfare Act (ICWA), a federal law designed to stop the colonizer theft of Indigenous children.
Opponents of ICWA, known as the gold standard in child welfare
law, attempted to use the case to dismantle tribal sovereignty.
But the 7-2 decision in Haaland v. Brackeen averted disaster by confirming that tribes have a right to determine where their children belong, particularly in the face of hundreds of years of removals by state and private actors in the adoption and foster care industries and the government-run and supported boarding schools.
ICWA protected me and allowed me to return home to my people,” Justin Ahasteen (Diné), the executive director of Navajo Nation Washington Office, said after the decision came out on June 15th at a Native-led celebration at the National Museum of the American Indian on Piscataway lands (“Washington, D.C., U.S.”).
However, the movement to protect ICWA is far from over. Conservative and right-wing organizations have made no secret of their intent to continue fighting ICWA, hoping to take advantage of the majority of anti-Native justices who have invited further litigation that would undermine the rights of tribal nations.
On the morning of the ICWA decision, June 15, 2023, the high court ruled by a shocking vote of 8-1 that tribes can be sued Vwithout their consent, even though you won’t see the word “tribe” anywhere in the federal law at issue in Lac du Flambeau Band of Lake Superior Chippewa Indians v. Coughlin.
The sole dissent reads, “From the founding to the present, this Court has recognized the Tribes’ continued existence as ‘independent sovereigns.’” The “independent sovereigns” precedent is written in the Haaland v. Brackeen decision.
On June 22nd, SCOTUS dealt the people of the Navajo Nation a major setback in their long-running efforts to secure water forÇ the largest reservation in the “United States.” The 5-4 vote in Arizona v. Navajo Nation again highlighted the conservative dominance on the high court, with all of the votes against the tribe coming from conservative justices.
Approximately 40 percent of the Navajo reservation lacks water. According to data from the U.S. government, the states fighting the Navajo Nation use far more water than residents of the reservation. “The average American uses 88 to 100 gallons a day,” the tribe’s attorney said during oral argument in the case. In contrast, “The Navajo Nation uses about seven gallons.”
In spite of the Navajo Treaty of 1868 that the U.S. government entered into guaranteeing the Navajo Nation their lands, its resources, and sovereignty, all of the states surrounding the Navajo Nation will have guaranteed access to water while the reservation will not.
The United States government owes special legal obligations to tribal nations and their citizens. These obligations, often described as the trust responsibility, originated in the U.S. Constitution and developed over the centuries through promises made in treaties, federal laws, and other agreements.
For this reason, programs and services benefiting American Indians and Alaska Natives are supposed to be safe from challenges. But as with the ICWA case, conservative interests are determined to undermine, eradicate, and weaken everything deemed a threat to their hold on power.
The Supreme Court’s decision to end affirmative action in higher education represents a perfect example. The conservative majority on the court voted 6-3 to bar race-conscious college admissions policies even though, as one dissenter pointed out, doing so would “nearly erase the Native American incoming lass” at the University of North Carolina, a publicly-funded institution.
It’s not just Native students who will be disappearing at campuses across the nation. Harvard College, a private institution, warns that the number of Black students being admitted will drop from 14 percent to 6 percent with the elimination of affirmative action. Hispanic/LatinX student representation is expected to drop from 14 percent to 9 percent, according to the court’s ruling.
The affirmative action decision came in two cases known as Students for Fair Admissions Inc. v. President & Fellows of Harvard College and Students for Fair Admissions, Inc. v. University of North Carolina. The Students for Fair Admissions Inc. group was created by a conservative activist whose mission, according to Reuters, is to “erase racial preferences” in American society.
In another egregious case, the conservative majority dramatically weakened the Clean Water Act, a federal law that previously offered some sense of environmental relief in marginalizedcommunities that are frequently victimized by toxic, health destroying pollution.
The ruling in Sackett v. Environmental Protection Agency changes everything on a narrow vote of 5-4. As a result, half of the 118 million acres of wetlands in the “U.S.” are no longer protected by the Clean Water Act. Individuals and corporations are now free to pollute waterways.
SCOTUS handed down another blow to many marginalized people in the “U.S.” in the Biden v. Nebraska case. By a vote of 6-3, the justices put an end to the student debt relief program to cancel up to $400 billion in student loans, a program designed to provide respite amid the COVID-19 pandemic that disproportionately impacted Indigenous and Black communities.