Por: Leonel Bernal – Movimiento Nuevo País El Salvador y Somos Abya Yala.
Extractive Industry in El Salvador: The Threat of the Return of Metallic Mining. English version Below.
El 31 de marzo del año 2017, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó de forma unánime la Ley de Prohibición de Minería Metálica en el territorio nacional, siendo el primero y único país en el mundo en adoptar una ley de tal envergadura. Esto se logró gracias a la articulación y lucha organizada de diferentes actores del movimientos social, desde las comunidades directamente afectadas, como por ejemplo Santa Marta, ubicada en el municipio de Cabañas al norte del territorio y colindante con Honduras, hasta movimientos de la sociedad civil, como iglesias, organizaciones no gubernamentales, universidades, estudiantes, entre otros.
Con dicha ley, el Estado salvadoreño se comprometió al cierre total de minas metálicas y a la remediación ambiental, así lo reza el artículo 6 de la mencionada ley en cuanto dice:
El Ministerio de Economía procederá al cierre de minas metálicas, y coordinará, con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la remediación ambiental de daños causados por las minas en las regiones afectadas, para devolver a la población las condiciones de un ambiente sano.
Sin embargo, con la llegada del presidente Bukele al gobierno, se ha generado todo un contexto jurídico y político que amenaza el retorno de la industria extractiva al país. Prueba de ello es que en el año 2021, el Estado Salvadoreño se incorporó como miembro número 77 al Foro Intergubernamental sobre Minería, Metales y Desarrollo Sostenible, un organismo internacional canadiense que promueve la actividad minera en sus países miembros. Además, en noviembre de ese mismo año, el congreso nacional aprueba la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, cuya finalidad es autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en las actividades de Hidrocarburos y Minas, lo cual evidencia una clara violación a la Ley de Prohibición de Minería Metálica.
Contando con un entorno jurídico inseguro y partiendo del contexto institucional montado en El Salvador, la industria extractiva tiene un contexto favorable para su retorno. Esto ha sido denunciado por líderes y lideresas de las comunidades afectadas con esta práctica, pues se ha identificado la presencia y actuación de personajes de empresas dedicadas a la minería, específicamente de la empresa Nueva Esperanza y la Titan Resources Limited, una transnacional de origen estadounidense dedicada a la extracción de oro y plata que tiene sucursales en Honduras y en Perú. Estas empresas se han dedicado, como en anteriores ocasiones, a realizar actividades para ganarse el apoyo de las comunidades, como torneos deportivos, construcción de carreteras, entre otras.
Es de acotar que en el presupuesto estatal de 2023 se incorporó una partida de 4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería”, sin que hasta esta fecha se conozca públicamente algún resultado de dicho proceso.
Otro elemento importante a destacar es la criminalización y persecución a líderes y lideresas ambientalistas detenidas bajo el actual régimen de excepción. Se destaca específicamente la detención de cinco líderes del municipio de Cabañas, quienes tienen un rol protagónico en la lucha contra la minera y significan una amenaza para quien intente reactivar la minería metálica.
El Salvador es un territorio de apenas 21 mil km², donde habitamos 6, 520 352 de personas con una densidad poblacional de 368.90 habitantes por km², aunado a ello, según datos de la ONU, el 80% del territorio se encuentra en una situación de estrés hídrico y más del 60% del agua disponible está contaminada. Lo anterior significa que el retorno de la minería metálica al país generaría la muerte del ecosistema y el territorio nacional sería inhabitable.
Frente a esta amenaza, las organizaciones defensoras de derechos humanos, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, las comunidades del municipio de Cabañas y otras organizaciones de la sociedad civil, han denunciado la intención del retorno de la minería metálica al país y exigen al gobierno de turno lo siguiente:
- Que se eleve a estatus constitucional el derecho humano al agua y la prohibición de la minería metálica para garantizar el cumplimiento de los derechos de la población salvadoreña.
- Que la posible derogación de la prohibición de la minería metálica en El Salvador representaría un grave retroceso a los derechos de la población salvadoreña, ya que esta industria significa la destrucción ambiental, la contaminación de los escasos recursos hídricos con los que dispone el país, y profundizaría la situación de criminalización de las personas defensoras ambientales.
- Cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Prohibición de Minería Metálica que obliga a la remediación ambiental de daños causados por las minas en las regiones afectadas, para devolver a la población las condiciones de un ambiente sano.
- Que cese la criminalización contra personas defensoras ambientalistas, se retiren los cargos y decreten libertad inmediata para los cinco líderes comunitarios de Cabañas.
- En relación a la minería transfronteriza por el grave impacto que supone la mina Cerro Blanco, el Estado salvadoreño debería encaminar esfuerzos por negociar con Guatemala y Honduras un acuerdo regional que proteja las cuencas compartidas y priorice el consumo humano. No es cierto, que la mina Cerro Blanco ha sido suspendida como han afirmado funcionarios de gobierno, por lo que reiteramos el llamado a Guatemala a cerrar esta mina transfronteriza por la amenaza de contaminación del Río Lempa en El Salvador.
San Salvador, 01 de agosto de 2024.
Leonel Bernal
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Extractive Industry in El Salvador: The Threat of the Return of Metallic Mining
On March 31, 2017, the Legislative Assembly of El Salvador unanimously approved the Law Prohibiting Metallic Mining in the national territory, making it the first and only country in the world to adopt such a significant law. This achievement was made possible through the articulation and organized struggle of various actors from the social movement, including directly affected communities, such as Santa Marta, located in the municipality of Cabañas in the north, bordering Honduras, as well as civil society movements, such as churches, non-governmental organizations, universities, students, and others.
With this law, the Salvadoran state committed to the complete closure of metallic mines and to environmental remediation, as stated in Article 6 of the aforementioned law:
“The Ministry of Economy will proceed with the closure of metallic mines and will coordinate with the Ministry of Environment and Natural Resources to carry out environmental remediation of damage caused by the mines in the affected regions, in order to restore healthy environmental conditions to the population.”
However, with the arrival of President Bukele to power, a whole legal and political framework has been established that threatens the return of the extractive industry to the country. Evidence of this is that in 2021, the Salvadoran state became the 77th member of the Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, a Canadian international body that promotes mining activity in its member countries. Moreover, in November of that same year, the national congress approved the Law for the Creation of the General Directorate of Energy, Hydrocarbons, and Mines, whose purpose is to authorize, regulate, and supervise those involved in Hydrocarbon and Mining activities, clearly violating the Law Prohibiting Metallic Mining.
With an insecure legal environment and the institutional context set up in El Salvador, the extractive industry has a favorable context for its return. This has been denounced by leaders from communities affected by this practice, as the presence and activities of representatives from mining companies have been identified, specifically from the company Nueva Esperanza and Titan Resources Limited, a U.S.-based multinational engaged in gold and silver extraction, with branches in Honduras and Peru. These companies have engaged, as they have in the past, in activities to gain community support, such as sponsoring sports tournaments, building roads, and more.
It is worth noting that in the 2023 state budget, a provision of 4.5 million dollars was included to “review and update the law that prohibits mining,” without any public results of this process being disclosed to date.
Another important point to highlight is the criminalization and persecution of environmental leaders detained under the current state of emergency. Notably, five leaders from the municipality of Cabañas, who play a leading role in the fight against mining and pose a threat to those attempting to reactivate metallic mining, have been detained.
El Salvador is a territory of just 21,000 km², with a population of 6,520,352 and a population density of 368.90 inhabitants per km². Additionally, according to UN data, 80% of the territory is under water stress, and more than 60% of the available water is contaminated. This means that the return of metallic mining to the country would lead to the death of the ecosystem, making the national territory uninhabitable.
In the face of this threat, human rights organizations, the National Roundtable Against Metallic Mining, the communities of the municipality of Cabañas, and other civil society organizations have denounced the intention to bring metallic mining back to the country and are demanding the following from the current government:
That the human right to water and the prohibition of metallic mining be elevated to constitutional status to ensure the protection of the rights of the Salvadoran people.
That the possible repeal of the prohibition of metallic mining in El Salvador would represent a significant setback for the rights of the Salvadoran population, as this industry leads to environmental destruction, contamination of the country’s scarce water resources, and would further exacerbate the criminalization of environmental defenders.
Compliance with Article 6 of the Law Prohibiting Metallic Mining, which mandates environmental remediation of damage caused by mines in the affected regions, to restore healthy environmental conditions to the population.
An end to the criminalization of environmental defenders, the withdrawal of charges, and the immediate release of the five community leaders from Cabañas.
Regarding cross-border mining, given the severe impact of the Cerro Blanco mine, the Salvadoran state should make efforts to negotiate a regional agreement with Guatemala and Honduras to protect shared watersheds and prioritize human consumption. It is not true that the Cerro Blanco mine has been suspended, as government officials have claimed. We reiterate the call to Guatemala to close this cross-border mine due to the threat of contamination of the Lempa River in El Salvador.
San Salvador, August 1, 2024.
Leonel Bernal