La cumbre de la Convención para la Diversidad Biológica celebrada en Cali logró mucha atención ciudadana, unos pocos acuerdos, pero finalmente fue incapaz de resolver los temas más importantes y urgentes.
Se celebró en Cali un nuevo encuentro de los países que ratificaron la Convención de la Diversidad Biológica. Conocidas como Conferencias de las Partes, en este caso la COP16, son los momentos en los cuales los países acuerdan las decisiones más importantes, que, en este caso, debería asegurar la protección de la vida en el planeta.
El encuentro en Cali fue multitudinario, con más de 23 mil participantes registrados, y la novedad de un área de acceso libre, la Zona Verde, que fue muy exitosa, con casi un millón de visitantes.
Se han brindado algunos análisis apresurados y superficiales sobre esa COP. Algunos se entretuvieron con los problemas en la logística en Cali, tales como delegaciones que pasaron esos días en los alojamientos temporarios que usan las parejas. Esos relatos pueden ser pintorescos pero no van a la esencia de esos encuentros, y, además, todas las COPs padecen de contratiempos prácticos. En realidad, los organizadores lograron asegurar que el encuentro discurriera sin problemas de seguridad ni se volviese rehén de movilizaciones contra el gobierno.
Pero cuando se enfocan los temas esenciales y urgentes sobre la protección de la biodiversidad, apenas considerados, queda claro que solamente se lograron unos pocos acuerdos. El alto peso simbólico de algunos de ellos y la masiva presencia ciudadana permitieron esquivar que la cumbre fuese catalogada como un fracaso. Es que en los asuntos más relevantes persistieron las divisiones y se manejó mal el ritmo de las negociaciones, hasta bloquear las resoluciones. Eso desembocó en una rara circunstancia: la cumbre ni siquiera finalizó formalmente, sino que quedó en suspenso.
La prioridad de proteger la vida
El encuentro en Cali tenía entre sus prioridades lograr avances concretos en acciones para asegurar la conservación de la biodiversidad. Los compromisos acordados por los países se conocen como el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y fueron aprobados en 2022.
El actual marco tiene 23 metas, y el corazón de ellas es asegurar la restauración del 30 por ciento de los ecosistemas degradados, y asegurar la conservación del 30 por ciento de las tierras, aguas y mares, para el año 2030. Esto se complementa con compromisos como detener la extinción de especies, asegurar que el uso de la fauna y flora silvestre sea seguro y sostenible, o reducir la contaminación y el cambio climático para evitar que sigan dañando a las especies. El marco también establece que la toma de decisiones debe integrar en todos sus niveles la atención a la biodiversidad; y que las empresas deben evaluar, informar y reducir los impactos sobre ella. Para todas esas tareas, se deberían movilizar US$ 200 mil millones por año, incluyendo US$ 30 mil millones por año al 2030 que debían aportar los paises más ricos con destino a las naciones de ingreso medio y bajo.
Avances festejados
En Cali, los gobiernos lograron algunos acuerdos significativos. Uno de los más destacados fue la creación de una nueva comisión que estará integrada por delegados de los pueblos indígenas y que se relacionará directamente con la secretaría de la Convención. Este era un repetido reclamo de las organizaciones indígenas para contar con canales de participación directos, sin que dependieran de los gobiernos. Con ese fin se creó lo que en la jerga de la Convención se conoce como “cuerpo subsidiario”. Al momento en que ese cuerpo se aprobó en el plenario estalló una ovación, y la resolución fue vestida como una victoria de la presidencia de la COP en manos de la ministra de ambiente, Susana Muhamad.
En paralelo, Colombia, con el apoyo de Brasil, buscó que se aprobara un reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en las tareas de proteger la biodiversidad. Esta fue una iniciativa muy publicitada por el gobierno colombiano, por ejemplo por la vicepresidente Francia Márquez y varios ministros, aunque dentro de la Convención existieron resistencias, incluso desde las delegaciones africanas. Finalmente se aprobó una decisión que reconocía a las comunidades afrodescendientes tanto en sus acciones como sus saberes para la conservación de la biodiversidad, se facilitará su participación y se les brindará asistencia financiera.
En otro frente se abordó la gestión de la información derivada de la diversidad genética. Esa cuestión, que en el vocabulario de la Convención es presentado como secuencia de la información digital (DSI por sus siglas en inglés), reconoce que la variedad genética en animales, plantas y microorganismos, resulta en atributos que pueden tener, pongamos por caso, utilidad como medicamentos o alimentos. Por lo tanto, en muchos casos están en juego enormes beneficios económicos.
Sin embargo, poco o nada de esas ganancias se comparten con los países de origen de esa diversidad. En esa bioprospección incluso se aprovecha el saber de pueblos indígenas en tanto ellos ya poseen conocimientos detallados, por ejemplo de los usos medicinales de plantas y animales.
Los países del Sur han buscado por años establecer salvaguardas y mecanismos para controlar esa apropiación, y poder recibir parte de sus beneficios económicos. En esta COP, por primera vez, se aprobó una resolución que establece que las empresas que usan los datos genéticos deberían devolver parte de sus beneficios económicos, y se creó un fondo con ese propósito (que fue denominado Fondo de Cali). Las compañías deberían aportar el 1 por ciento de sus beneficios, o el 0,1 por ciento de los ingresos, los que se canalizarían a los países desde los cuales se extrajo esa información genética, y la mitad de esos dineros deberían beneficiar a los pueblos indígenas.
Este acuerdo, aprobado en uno de los últimos esfuerzos de la COP, fue muy festejado por la presidencia colombiana. Sin embargo, cuando se la examina con atención aparecen limitaciones sustanciales. En efecto, el pago a ese fondo es voluntario, y las proporciones a pagar son indicativas y no obligatorias. Esto no era lo que deseaban los países del Sur, ya que insistían en un mecanismo mandatorio. Lastimosamente, al establecer que los pagos son voluntarios, todo el procedimiento corre el riesgo evidente de convertirse en un nuevo tipo de marketing verde donde habrá corporaciones que deciden ofrecer algunos dineros para así presentarse como campeones verdes. Las empresas tampoco están obligadas a demostrar que no emplean datos genéticos. No sólo eso, sino que el acuerdo es tan limitado que incluso puede ocurrir que una corporación pague por información genética que tomó en una selva tropical, en una única ocasión, y podría vender los productos derivados durante años.
También se lograron algunos avances en otros asuntos. Se destacan resoluciones para articular esta Convención con la de cambio climático, otra que busca incorporar la temática de la biodiversidad en los procesos de toma de decisión, acerca de la protección marina y costera y sobre el manejo sostenible de especies silvestres.
En paralelo a la Convención, el gobierno colombiano lanzó una Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza, promocionada dentro del país como un “hito” en la conservación. En realidad terminó siendo una declaración que recibió la adhesión de poco más de veinte países, algunas agencias de Naciones Unidas, y otras organizaciones.
Conservación estancada
En cuanto a la esencia de la Convención que es la conservación de la biodiversidad, en esos mismos días, en Cali, se lanzaron distintos reportes que confirmaban la gravedad de la situación. Por ejemplo, la actualización sobre las áreas protegidas en el mundo mostró que sumaban el 17.6 por ciento de los ambientes terrestres y las aguas continentales, y el 8.4 de las áreas marinas y costeras –situaciones muy alejadas de las metas de proteger el 30 por ciento de tierras y mares al 20301.
El mandato vigente establecía que cada país debía establecer planes nacionales de conservación con sus metas y estrategias para detener y revertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030, siguiendo el marco de Kunming Montreal. Esos programas de acción se debían presentar antes del inicio de la COP en Cali.
Pero eso no sucedió, y de hecho, la situación fue penosa. Solamente un 22 por ciento de los países firmantes de la Convención elevaron sus planes nacionales para proteger la biodiversidad (44 de 196 naciones)2. De los 17 países con la mayor riqueza en biodiversidad del planeta, no presentaron esos planes doce de ellos (donde habitan aproximadamente el 70 por ciento de la biodiversidad planetaria). En América Latina, Brasil, Ecuador y Bolivia no dieron a conocer esos planes, y Colombia lo hizo después de iniciado el encuentro en Cali.
La explicación de varios países es que carecían de fondos para elaborarlos, lo que en buena medida es cierto pero es también un latiguillo empleado para sumar más argumentos a la hora de reclamar dinero de la cooperación internacional.
Esta situación se volvió un problema para la presidencia del encuentro, la ministra Muhamad, ya que se generaron todo tipo de dudas sobre cómo continuar con las negociaciones dados esos incumplimientos (incluyendo los de su propio país). La resolución fue un tirón de orejas a los gobiernos pero empleando el lenguaje diplomático, “urgiéndolos” a presentarlos cuanto antes.
Esos planes de conservación nacional debían cumplir con índices acordados por todos los países y deberían estar sujetos a revisión, de manera que pudiera evaluarse si realmente los está implementando. A su vez, también deberían hacerse evaluaciones globales. Estos procedimientos generan muchas suspicacias. Los gobiernos resisten ser evaluados por una agencia o cuerpo internacional, invocando repetidamente sus autonomías soberanas. Pero todos sabemos de casos en los cuales se apela a la soberanía para justificar todo tipo de desastres ambientales.
Si se repitieran en un futuro cercano los masivos incendios que en 2024 arrasaron casi 20 millones de hectáreas de bosques tropicales en Brasil y Bolivia, sin duda no se cumplirían muchas metas en la protección de biodiversidad de esos países. Por lo tanto, un examen de sus comportamientos desde el exterior, en manos de la Convención, podría permitir denunciar los comportamientos de estos dos países. Igual podría suceder con otros tantos países cuando se evaluaran algunos de los compromisos contraídos.
Bajo esas condiciones, las negociaciones en Cali se encaminaron a aceptar que se realizarán evaluaciones globales y nacionales, pero éstas últimas serían voluntarias. Se acordó que esas revisiones no pueden ser ni intrusivas ni punitivas, y que deben estar bajo el control de cada gobierno nacional. Son compromisos muy vagos, pero como los detalles debían acordarse formalmente en el último día de negociación, terminaron sin resolverse.
Las disputas por dineros
Como ya se anotó, otra de las cuestiones críticas a resolver en Cali consistía en concretar la multiplicación de los dineros empleados en conservar la biodiversidad. Se debían movilizar US$ 200 mil millones por año al 2030, incluyendo el compromiso de que los países ricos asistirían a las naciones de ingreso bajo y medio con US$ 20 mil millones por año al 2025, y luego US$ 30 mil millones por año al 2030.
Se volvió a repetir el enfrentamiento entre los países desarrollados y muchos de los del Sur. Los primeros insistían en que debían utilizarse los fondos y canales que ya existen. Los segundos reclamaban un nuevo fondo, entiendo que con ello se sumarían más dineros y tendrían un mayor control. Para muchas delegaciones gubernamentales esta era la cuestión más importante a resolver en esos días en Cali.
El financiamiento venía operando dentro del Fondo para el Medio Ambiente Global (conocido por su sigla en inglés GEF), una agencia muy conocida y también cuestionada. Los países del Sur reclamaban un cambio, y postulaban crear una nueva institucionalidad específicamente orientada con la conservación.
Esta cuestión se vuelve más compleja ya que en lo que podría llamarse el Sur hay muchas posiciones, y cuando se habla de dinero eso queda en evidencia. Por ejemplo, China de a ratos actúa alineada con las naciones de ese Sur y en otros momentos apoya a las naciones más ricas. Eso sucedió en la COP anterior, en 2022, cuando en las horas finales forzó una resolución que entre otros problemas resultó en estancar la intención de crear un fondo separado, que era lo que justamente querían delegaciones como las de la Unión Europea.
En aquel momento, esa maniobra desató muchas críticas de algunos gobiernos. Los países del Sur no lo olvidaron, y en Cali, desde el primer día reclamaron otro modo de manejar las negociaciones. Insistieron una vez más en un fondo separado, y que estuviera manejado directamente por la Convención; esa posición fue expresada por Zimbabue por los países africanos, y Brasil por las naciones megadiversas. Del otro lado, la UE, Japón y otros países industrializados, se oponían al nuevo fondo y también a asumir nuevos compromisos en dinero. La cuestión era urgente: los fondos disponibles para la biodiversidad en lugar de acercarse a los esperados US$ 20 mil millones apenas superaban los US$ 396 millones (sumando promesas de donaciones de último momento de algunos países).
Una larga noche
Se llega así a la larga noche final de la COP16 en Cali. Las cuestiones del financiamiento como varias otras de enorme importancia terminaron agolpadas en la última jornada de deliberaciones. Sea por un error o falta de experiencia de la presidencia colombiana, o por las maniobras dilatorias de las delegaciones del norte, o los propios errores del Sur, al verse que el tiempo se agotaba, se decidió continuar con las deliberaciones en la noche del viernes primero de noviembre, y continuaron en la madrugada del sábado 2.
En esas horas se aprobaron, por ejemplo, las resoluciones sobre los recursos genéticos y la creación del Fondo de Cali. Hacia las tres y media de la madrugada, la ministra Muhamad distribuyó un nuevo borrador sobre el urticante problema del fondo para la conservación de la biodiversidad. Las escenas eran de un salón de plenarias que se vaciaba poco a poco, o con algunos delegados agotados que finalmente sucumbían al sueño sobre las mesas.
Se buscó crear un mecanismo separado pero, a la vez, Muhamad volvió a insistir en vincularlo con la problemática de la deuda externa, un nexo en el que ya había insistido el presidente Petro. Esa vinculación no fue apoyada por los países industrializados ni tampoco por China. Aunque es una cuestión que merece ser analizada, al hacerlo de ese modo sumó todavía más dificultades.
Distintos países del Norte volvieron a oponerse a crear un nuevo fondo. Después del amanecer, se advirtió que muchos delegados se estaban retirando porque debían tomar los vuelos de regreso a sus países. La sala estaba quedando vacía. A las 8:29 de ese sábado, se reclamó que se verificara si se contaba con el quorum para tomar decisiones. Se realizó el conteo y se confirmó que no se alcanzaba el número necesario de representantes, y la COP fue suspendida. No existió una clausura formal, y todos los temas pendientes deberán ser retomados en un próximo encuentro en 2025.
Estas últimas escenas parecen resumir el raro devenir de esta cumbre. Los intentos de resolver a último momento las urgencias más complejas terminaron encallados en una inmovilidad, donde muchos gobiernos son responsables de distinta manera. Se intentó disimularlo sosteniendo que fue una suspensión, pero como la pérdida de biodiversidad no se detiene, el balance final es casi el de un fracaso.
1. Protected Planet Report 2024, UNEP-WCMC y IUCN, Cambridge y Gland, 2024.
2. About 80% of countries fail to submit plans to preserve nature ahead of global summit, P. Greenfield y D. Dunne, The Guardian, 15 octubre 2024.
ORIGINALMENTE PUBLICADO EN DESDE ABAJO
* Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y en el Centro de Información y Documentación Bolivia (CEDIB).
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