La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia enfrenta múltiples desafíos, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado y la exclusión socioeconómica. La firma del Acuerdo Final de Paz en 2016[1] entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) marcó un hito histórico en la búsqueda de soluciones al conflicto armado interno. Sin embargo, la implementación efectiva del acuerdo ha enfrentado obstáculos debido a la persistencia de conflictividades territoriales, la limitada capacidad institucional y las dificultades en la movilización de recursos financieros.
El sector ambiental ha emergido como un eje estratégico para fortalecer el proceso de paz, en la medida en que la conservación y restauración de los ecosistemas puede contribuir a la estabilización social, la reparación territorial y la generación de ingresos sostenibles para las comunidades afectadas por el conflicto. Desde mi experiencia profesional y formación académica, he identificado acciones puntuales que pueden fortalecer este proceso, especialmente desde el sector ambiental y la participación comunitaria.
Como mujer afrofeminista, originaria del Pacífico colombiano y sobreviviente del conflicto armado. Mi apuesta por la paz es una causa de vida que he consolidado a través de mi formación como abogada, con especialización en Derechos Humanos y una maestría en Derecho Internacional Humanitario con enfoque en derechos humanos. Mi trayectoria profesional de más de siete años ha estado enfocada en la implementación del Acuerdo de Paz, tanto desde el sector público como desde organizaciones sociales, lo que me ha permitido entender las dinámicas y necesidades de ambos sectores.
Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, trabajé como asesora jurídica en la implementación del Acuerdo de Paz, específicamente desde la Oficina de Negocios Verdes. Allí lideré la construcción de lineamientos para la formulación e implementación de proyectos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y PSA para la Paz, reconociendo el territorio como víctima del conflicto armado. Estos proyectos se focalizaron en municipios priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial[2] (PDET) y en áreas de Ley Segunda, abarcando 550 municipios, de los cuales 170 son PDET, donde se desarrollaron Planes de Zonificación Ambiental.
El esquema de PSA ha sido identificado como un mecanismo efectivo para vincular la conservación ambiental con procesos de reparación y reconciliación territorial. Estos proyectos han permitido establecer mecanismos para restaurar ecosistemas estratégicos y generar beneficios económicos para las comunidades locales. En este sentido, el acceso a recursos financieros sostenibles ha sido un factor crítico para la implementación de acciones concretas en los territorios. La consolidación del Fondo para la Vida representa una oportunidad estratégica para movilizar recursos destinados a proyectos de conservación y reconciliación.
Además, se ha identificado el potencial de la cooperación internacional, particularmente mediante el Fondo Cali, aprobado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la cooperación noruega, que ha demostrado un compromiso significativo con la financiación de proyectos ambientales y de paz. El programa «Conservar Paga», inicialmente diseñado para la Amazonía, ofrece una oportunidad para replicar este modelo en otras regiones afectadas por el conflicto.
Uno de los principales desafíos para la implementación del acuerdo ha sido la fragmentación institucional y la falta de articulación entre el sector ambiental y el sector agrícola. La construcción de la Agenda de Paz con la Naturaleza desde el Ministerio de Ambiente puede permitir establecer un marco de acción conjunta que integre la perspectiva territorial, étnica y de género. Esta agenda se desarrolló mediante un proceso participativo con organizaciones sociales, las Zonas de Reserva Campesina[3] (ZRC) y diversos actores internacionales, logrando definir prioridades para el fortalecimiento de las reservas forestales para la paz y la consolidación de territorios agroalimentarios sostenibles.
La sostenibilidad de las acciones de implementación del acuerdo depende de la participación activa de las comunidades locales y los pueblos originarios. En la experiencia profesional adquirida en la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), evidencie la importancia de reconocer al territorio como sujeto de reparación y de garantizar procesos expeditos para la titulación de tierras para pueblos indígenas. Asimismo, el trabajo realizado en RECIPAZ con refugiados y exiliados en Europa resaltó la necesidad de desarrollar estrategias de memoria y reconciliación vinculadas a procesos de implementación territorial. La experiencia en la Alcaldía Mayor de Bogotá, particularmente con la localidad de Sumapaz, me permitió identificar la importancia de articular acciones de reparación colectiva con proyectos de desarrollo rural y conservación ambiental.
Con base en estos resultados, es posible plantear una serie de acciones para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz desde el sector ambiental y social. La articulación entre el sector ambiental y agrícola debe fortalecerse para desarrollar proyectos de PSA y PSA para la Paz en municipios PDET y áreas de Ley Segunda[4]. Además, es fundamental promover la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos como una estrategia de reconciliación territorial y consolidar territorios agroalimentarios mediante proyectos de economía campesina y seguridad alimentaria en territorios priorizados. La activación del Fondo para la Vida y la promoción de la cooperación internacional garantizarán la financiación sostenible a largo plazo. Finalmente, la participación comunitaria, especialmente de las mujeres, pueblos indígenas y comunidades negras, víctimas y los firmantes de paz, debe ser un eje central en la formulación e implementación de proyectos para asegurar la apropiación y sostenibilidad de las acciones en los territorios.
La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia requiere un enfoque integral que combine acciones de conservación ambiental con procesos de reparación y desarrollo territorial. La experiencia acumulada en la formulación e implementación de proyectos de PSA y PSA para la Paz, junto con la movilización de recursos financieros y la participación comunitaria, permite establecer un modelo de reconciliación sostenible. La consolidación de reservas forestales para la paz y la creación de territorios agroalimentarios representan oportunidades estratégicas para fortalecer la paz y la justicia ambiental en Colombia.
[1] La firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) tuvo lugar el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, marcando el inicio de un proceso de implementación dirigido a poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado en el país.
[2] Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son una estrategia del Acuerdo Final de Paz para promover el desarrollo integral en 170 municipios priorizados, afectados por el conflicto armado, la pobreza y la debilidad institucional.
[3] Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son áreas delimitadas por el Gobierno de Colombia para promover el desarrollo rural sostenible, garantizar el acceso a la tierra y proteger los derechos de las comunidades campesinas, en cumplimiento de la Ley 160 de 1994.
[4] La Ley 2ª de 1959 declaró como Zonas de Reserva Forestal ciertas áreas del territorio colombiano con el propósito de conservar los recursos naturales, regular el uso del suelo y promover el desarrollo forestal sostenible. Estas zonas están sujetas a un régimen especial que limita la explotación de recursos y el asentamiento humano, buscando garantizar la protección de los ecosistemas estratégicos y el equilibrio ecológico.
[1] Camila Villegas Mosquera, abogada internacionalista defensora de DDHH. Afro-feminista. Aprendiz de matrona, abogada de los saberes ancestrales y de la biodiversidad de Colombia